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EE.UU: En Cuba gobiernan 'a través del miedo y la intimidación'

Redacción de CubitaNOW - jueves 30 de junio de 2022

Estados Unidos, Cuba

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El Gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que "las duras condenas a defensores de derechos humanos en Cuba" y por las protestas del 11 de julio de 2021 tienen los objetivos claros de "impedir que los ciudadanos cubanos hagan valer sus derechos y genera temor a represalias".

"Estados Unidos está profundamente preocupado por las duras sentencias impuestas a manifestantes políticos en Cuba, y continuaremos trabajando con nuestros socios en todo el mundo para demostrar nuestro apoyo colectivo a los derechos de los cubanos detenidos injustamente", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

"Los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes cubanos a más de 4000 años combinados. Los manifestantes son condenados a prisión, trabajos forzados u otras medidas punitivas. Estos números incluyen más de 20 manifestantes arrestados como menores de edad", afirmó Price.

"Mientras tanto, el Gobierno cubano mantiene detenidos a más de 700 manifestantes que salieron a las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, para criticar el incumplimiento del gobierno de sus derechos humanos y libertades fundamentales".

"Cientos de manifestantes languidecen en las cárceles por cargos arbitrarios por criticar al régimen y sus líderes. A pesar de las pruebas en video y fotográficas que demuestran lo contrario, el Gobierno cubano intenta justificar sus detenciones, procesamientos y sentencias draconianas al afirmar falsamente que las protestas fueron en gran parte violentas. La clase actual de presos políticos está compuesta por cubanos de toda Cuba y de todos los ámbitos de la vida", dijo Price.

"Los fiscales estatales optaron por hacer ejemplos de manifestantes de los barrios empobrecidos de La Guinera y 10 de Octubre en La Habana, con importantes poblaciones afrocubanas, acusándolos de sedición y emitiendo las penas más duras de hasta 26 años de prisión", señaló.

"Seis acusados ​​de estos vecindarios, de 16 o 17 años de edad al momento de su arresto, recibieron hasta cinco años de trabajos forzados. Los funcionarios del Gobierno cubano continúan deteniendo, acosando y amenazando a las madres de los manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus hijos", lamentó.

"Estas injusticias tienen objetivos claros: impedir que los ciudadanos cubanos hagan valer sus derechos y generar temor a represalias. Los cubanos tienen derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en virtud de la constitución de Cuba y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

"El Gobierno cubano debe permitir que su pueblo exprese libremente sus esperanzas y aspiraciones, en lugar de gobernar a través del miedo y la intimidación", concluyó Ned Price en el comunicado de prensa del Departamento de Estado.

La Fiscalía General de Cuba informó a mediados de junio que 381 personas fueron sancionadas por el 11J, "incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos".

A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. 36 personas fueron sancionadas por el delito de sedición, a los que se les impuso penas entre cinco y 25 años de privación de libertad.

"A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican –en principio, bajo condición de buena conducta–, su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años", agregó.

Sin embargo, "según los registros de Justicia 11J y Cubalex, han sido juzgadas al menos 585 personas en relación con las protestas de julio de 2021, incluidos 24 menores. Al menos 89 personas más están en espera de juicio con petición fiscal, incluyendo cinco menores de 18 años", dijo la activista Salomé García Bacallao.


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