La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos responsabilizó directamente a los regímenes de Cuba y Venezuela por las profundas crisis económicas y sociales que enfrentan sus poblaciones, negando que las sanciones internacionales sean la causa principal del colapso. En una declaración publicada este lunes, la dependencia estadounidense denunció que ambas dictaduras sostienen modelos de gobierno basados en la corrupción, el clientelismo y la represión, que priorizan la estabilidad del poder por encima del bienestar de sus ciudadanos.

“La comunidad internacional debe exigir responsabilidades a los regímenes de La Habana y Caracas, cuyas crisis no son accidentales ni producto del aislamiento externo, sino el resultado de décadas de mala gestión, nepotismo y saqueo institucional”, afirma el comunicado difundido a través de su cuenta oficial en la red social X.

Acompañando la declaración, el Departamento de Estado compartió un informe detallado en el que se analizan decisiones presupuestarias y administrativas que, a juicio de Washington, demuestran una política deliberada de exclusión social en favor de las élites aliadas al poder.

En el caso de Cuba, el informe subraya que el régimen destinó en 2024 más del 37% de su inversión nacional al sector turístico, once veces más que el presupuesto conjunto asignado a salud y educación. A pesar de una ocupación hotelera inferior al 30%, los recursos se canalizaron a conglomerados militares como GAESA, CIMEX y FINCIMEX, que controlan desde supermercados hasta remesas, operando al margen del control civil.

“Estos fondos no benefician al pueblo cubano, sino a una élite vinculada directamente a las Fuerzas Armadas, que administra la economía como una corporación privada”, señala el informe. Mientras tanto, continúan los apagones diarios, la escasez de medicamentos, la migración masiva y el deterioro de servicios esenciales como el transporte público y la atención médica primaria.

Respecto a Venezuela, el informe destaca que el régimen de Nicolás Maduro duplicó su presupuesto en 2024 a 20.500 millones de dólares, pero menos del 1% fue asignado a salud pública. En contraste, la inteligencia militar recibió cerca de 1.000 millones y el gasto en propaganda oficial se disparó durante el periodo electoral.

“El salario mínimo se mantuvo en torno a los 2 dólares mensuales mientras se gastaban más de 2.000 millones en eventos propagandísticos”, señala el documento, que cita datos de Bloomberg News y medios venezolanos. También denuncia que el programa de alimentación escolar, destinado a cinco millones de niños, recibió apenas 18 millones de dólares —menos de 3,50 dólares por estudiante al año.

Proyectos clave, como el acuerdo ferroviario con China firmado en 2009 por 7.500 millones de dólares, siguen sin ejecutarse, aunque Venezuela continúa pagando la deuda con crudo. Al mismo tiempo, se registraron apagones prolongados en al menos 20 estados durante el primer semestre del año, afectando hospitales, escuelas y servicios básicos.

El Departamento de Estado insiste en que la narrativa de que las sanciones internacionales son la causa del deterioro en ambos países es una estrategia de propaganda para evadir responsabilidades. “No se trata de errores de gestión: estos sistemas están diseñados para mantener el control político y enriquecer a una minoría”, subraya.

La entidad estadounidense hace un llamado a la comunidad internacional para que no caiga en el juego discursivo de las dictaduras y se enfoque en apoyar los derechos fundamentales de los pueblos cubano y venezolano.

“La resiliencia de estas poblaciones no debe usarse como excusa para justificar el sufrimiento prolongado. Lo que se necesita no son ajustes simbólicos, sino un cambio estructural que ponga fin a la impunidad de los gobiernos autoritarios”, concluye el informe.

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