En el municipio de Jagüey Grande, Matanzas, fue detenido Marino Rodríguez, acusado de portar un arma de fuego de fabricación artesanal. Según versiones recogidas de fuentes locales, el arma llevaba años en su poder, y fue entregada de forma voluntaria luego de una advertencia directa por parte del jefe de sector.

Aunque no contaba con documentación legal para el arma —lo que, según la ley cubana, constituye un delito—, lo llamativo del caso es el contexto en el que se produce: Rodríguez, con antecedentes por robos menores, no fue capturado en un acto violento ni en uso del arma, sino que decidió entregarla después de recibir presión oficial. A pesar de este gesto, ha sido detenido y permanece bajo custodia, enfrentando posibles sanciones penales severas.

La narrativa oficial insiste en presentar el hecho como una amenaza a la “seguridad ciudadana”, pero sectores de la comunidad cuestionan la manera en que se manejó la situación.

Para algunos, se trata de otro ejemplo del uso excesivo del aparato represivo estatal en casos que podrían resolverse mediante vías menos punitivas, especialmente cuando no hubo intención manifiesta de violencia por parte del acusado.

El fusil artesanal en cuestión, sin vínculos confirmados con actividades delictivas recientes, ha sido suficiente motivo para activar todo un operativo de criminalización. En lugar de atender las causas sociales que llevan a muchas personas a poseer armas improvisadas —desde inseguridad hasta desconfianza en la protección estatal—, la respuesta ha sido una detención inmediata y una exhibición pública del caso en redes afines al gobierno.

Mientras se espera el desarrollo del proceso judicial, el caso de Rodríguez abre preguntas más amplias sobre el papel del control comunitario, el uso de advertencias como mecanismos de coerción y la ausencia de un enfoque más humano y proporcional en la aplicación de justicia.

La situación pone sobre la mesa una realidad incómoda: en contextos de escasez, desigualdad y desconfianza institucional, no siempre está claro quién realmente amenaza la tranquilidad de la comunidad, y a quién sirve proteger con estas acciones.

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