Un hombre fue arrestado en La Habana luego de que se reportara el robo de varios teléfonos celulares dentro de un mismo ómnibus de la ruta P11, que cubre el trayecto entre el centro de la capital y Alamar en Habana del Este.

A pesar del arresto, los dispositivos sustraídos no fueron recuperados, según informó la página oficialista Transportación Habana en Facebook.

El incidente tuvo lugar cuando el ómnibus se encontraba en la intersección de Cuba y Chacón.

Se procedió a realizar una revisión a todos los pasajeros a bordo, lo que provocó demoras en el servicio.

Media hora después, los pasajeros fueron autorizados a continuar su viaje, mientras un sospechoso era trasladado por las autoridades. Sin embargo, “los bienes de las víctimas no aparecieron”, concluyó el escueto parte oficial.

En los comentarios de la propia publicación, varios internautas ofrecieron un retrato más claro del fenómeno.

Usuarios identificaron un patrón: los robos son ejecutados por grupos organizados, no por una sola persona. “Uno roba y el otro le hace la pala. Es como el carterista”, explicó uno. “Hasta las mujeres se prestan para hacerle la pala al hombre que roba”, agregó otra usuaria que aseguró haber presenciado una escena similar mientras viajaba con sus hijos.

El robo de teléfonos en guaguas se ha convertido en un problema estructural en La Habana y otras ciudades del país.

En un contexto de crisis económica, colapso del sistema de transporte público y desprotección ciudadana, estos actos delictivos se han vuelto comunes.

Las guaguas, muchas veces abarrotadas por la escasez de medios, se convierten en un terreno fértil para los ladrones, que operan con total impunidad.

Este fenómeno refleja la profunda incapacidad del Estado cubano para garantizar seguridad ciudadana básica.

Mientras el régimen destina recursos para vigilar y reprimir activistas, periodistas independientes o realizar actos de propaganda, la ciudadanía común queda expuesta a la delincuencia sin protección real.

No existe un sistema efectivo de vigilancia en el transporte público, ni campañas educativas, ni medidas organizativas para prevenir estos delitos.

La tecnología para rastrear dispositivos robados es limitada y muchas veces inaccesible para el ciudadano de a pie.

Además, el mercado negro, tolerado e incluso alimentado por la ineficiencia del Estado, favorece la reventa de dispositivos robados, lo que perpetúa el ciclo de hurtos.

Las denuncias oficiales rara vez prosperan, y la desconfianza en la policía , acusada con frecuencia de pasividad o complicidad desalienta a muchos a presentar quejas formales.

Para revertir esta situación, el gobierno debería implementar un plan integral que incluya:

Mayor presencia policial y vigilancia en las rutas de transporte más críticas.

Sistemas de cámaras dentro de los ómnibus.

Una campaña nacional para el registro obligatorio del IMEI de los dispositivos móviles.

Acceso gratuito a plataformas de denuncia en línea.

Y sobre todo, el reconocimiento oficial del problema, que hoy sigue siendo minimizado por los medios estatales.

Mientras estas medidas no se adopten, los cubanos seguirán viajando con miedo, vigilando sus mochilas, y perdiendo además de sus teléfonos la poca seguridad que les queda en la vía pública.

Fuente: Transportación Habana (Facebook), testimonios ciudadanos.

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