En medio de la aguda crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por la escasez de alimentos, transporte y combustible, un nuevo hecho delictivo vuelve a exponer las fisuras del sistema de control estatal: el robo de combustible en la Terminal de Ómnibus de San Agustín, en el municipio La Lisa, La Habana.

De acuerdo con la información publicada por el portal oficialista Cubadebate, el hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre en el Punto de Abastecimiento de Combustible (PAC), perteneciente a la corporación CIMEX y ubicado dentro del paradero de ómnibus urbanos de San Agustín. Allí se detectó que vehículos no autorizados estaban siendo abastecidos con diésel utilizando tarjetas de la Empresa Provincial de Transporte.

El robo fue identificado gracias a un operativo de control conjunto entre directivos del transporte y las autoridades del Ministerio del Interior (MININT). Según el reporte, el “pistero” de turno descargó varias tarjetas sin autorización, permitiendo que combustible destinado a ómnibus urbanos y camiones de recogida de desechos terminara en manos de terceros.

Aunque Cubadebate confirmó la investigación en curso, no ofreció detalles clave como la cantidad de combustible sustraído, refiriéndose únicamente a cientos de litros de diésel, y tampoco hizo referencia al número de implicados. Esta falta de precisión alimenta dudas sobre el alcance del delito, en un país donde el robo de recursos estatales es cada vez más común ante la falta de controles eficaces y la precariedad generalizada.

Los perjuicios son evidentes: la sustracción golpea directamente a servicios vitales para la población, como el transporte urbano, ya de por sí muy limitado por la crisis de combustible, y la recogida de desechos sólidos, un problema crónico en La Habana.

El robo de combustible no es un hecho aislado en Cuba. Desde hace años se ha convertido en un fenómeno extendido, tanto en entidades estatales como en instalaciones militares y cooperativas. La corrupción y la complicidad interna facilitan que grandes cantidades de diésel y gasolina desaparezcan del sistema oficial para ser revendidas en el mercado negro a precios muy por encima de los establecidos.

En la práctica, este mercado ilegal es una de las pocas alternativas para muchos transportistas privados y ciudadanos, que no encuentran otra vía para mantener en funcionamiento sus vehículos en medio de los continuos desabastecimientos.

La escasez de combustible en Cuba se ha agudizado en los últimos meses, con recortes en el transporte público, suspensión de viajes interprovinciales y limitaciones en la generación eléctrica distribuida. En ese contexto, cada litro sustraído representa no solo una pérdida económica para el Estado, sino también un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las autoridades de transporte en La Habana aseguraron que no habrá impunidad y que los responsables enfrentarán “todo el peso de la ley”. Sin embargo, la realidad es que mientras persista la crisis estructural del país y los bajos salarios de los trabajadores estatales, estos delitos seguirán proliferando.

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