Desde este 1 de septiembre de 2025, Ecuador exige visa de tránsito a los ciudadanos cubanos, incluso si solo utilizan el país como escala aérea sin intención de ingresar a su territorio. La nueva normativa también afecta a personas de otros 44 países considerados de “riesgo migratorio” por las autoridades ecuatorianas.

Esta medida, anunciada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, forma parte de una reforma legal impulsada por la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.

El gobierno justifica esta decisión como un esfuerzo para fortalecer la seguridad del Estado y combatir el crimen organizado, especialmente la trata de personas y el tráfico de migrantes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que se trata de una barrera más para poblaciones vulnerables, como los cubanos, que durante años han utilizado a Ecuador como un punto clave de tránsito hacia destinos como Estados Unidos.

El proceso para obtener esta visa debe realizarse obligatoriamente desde fuera del territorio ecuatoriano, a través de la plataforma en línea eVISAS. El trámite tiene un costo total de 80 dólares, dividido entre 50 dólares por la solicitud y 30 dólares por la emisión de la visa.

Los solicitantes deberán presentar, entre otros requisitos, un certificado de antecedentes penales legalizado, pasaje aéreo de ida y regreso confirmado y pruebas de solvencia económica para su estadía temporal.

Esta política convierte lo que solía ser una simple conexión aérea en un proceso burocrático costoso y restrictivo, que golpea especialmente a una población migrante que ya enfrenta serias limitaciones económicas y legales.

Ecuador, que durante años mantuvo una política de libre visado con Cuba, se distancia ahora de ese enfoque, alineándose con países como Panamá, que también exige visa de tránsito a los cubanos desde 2022 y ha prorrogado esa medida hasta 2026.

Estas restricciones reducen aún más las posibilidades de movilidad internacional para miles de personas que buscan salir de la Isla por razones económicas, políticas y sociales. Aunque el gobierno ecuatoriano insiste en que respeta los derechos humanos y las normas internacionales, el impacto real de esta medida podría traducirse en más exclusión, mayores riesgos y un aumento de los flujos migratorios irregulares en la región. La situación genera preocupación entre quienes siguen de cerca la crisis migratoria cubana.

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