Un informe de la organización Prisoners Defenders reveló que al menos 60.000 presos en Cuba —casi la mitad de la población penitenciaria estimada de 90.000 reclusos— son obligados a realizar trabajos forzados en condiciones catalogadas como “inhumanas y explotadoras”.

De acuerdo con el reporte, publicado este lunes 15 de septiembre, los reclusos son empleados como mano de obra en la producción de carbón, el corte de caña de azúcar, la agricultura, la elaboración de tabaco y labores de construcción. Muchos de estos bienes tienen como destino países europeos como España, Portugal, Italia, Grecia y Turquía, lo que, según la ONG, convierte al trabajo penitenciario en un motor económico de la isla.

El estudio indica que los trabajos forzosos tienen también fines punitivos. Los prisioneros que se niegan a participar sufren represalias que van desde la pérdida de visitas familiares hasta traslados a prisiones de máxima seguridad.

Prisoners Defenders afirma que los reclusos trabajan en promedio 63 horas semanales, distribuidas en jornadas de seis a siete días con alrededor de diez horas diarias. El 94% de los 53 exreclusos entrevistados para el informe aseguró haber sido obligado a trabajar a pesar de sufrir enfermedades o lesiones incompatibles con las funciones asignadas.

El informe resalta que el 98% de los declarantes no recibió medicamentos, atención médica ni seguimiento sanitario, a pesar de reportar dolencias crónicas. En el caso de las mujeres encarceladas, varias denunciaron haber sido víctimas de acoso y violencia sexual en el entorno laboral.

La organización advierte que la legislación cubana avala este sistema de explotación, pues contempla el trabajo penitenciario como parte de la sanción. Sin embargo, los testimonios recogidos muestran que no se trata de un empleo regulado ni remunerado. La mayoría no firma contrato alguno y, en los pocos casos en que reciben un pago, este no supera los cuatro dólares mensuales, una cifra que califican como “simbólica”.

Según Prisoners Defenders, los reclusos —políticos y comunes por igual— trabajan bajo amenazas, violencia física y castigos. Muchos declararon haber sido obligados a continuar sus tareas aun con enfermedades graves o lesiones incapacitantes. Además, algunas labores documentadas, como la construcción de viviendas, habrían tenido como beneficiarios a oficiales de la Seguridad del Estado.

El informe se sustenta en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos y fue contrastado con otras 60 entrevistas adicionales y fuentes documentales verificadas. La ONG concluye que se trata de un componente estructural del sistema penitenciario cubano y una violación directa de los derechos humanos y del derecho laboral internacional.

“Cuba consolida el trabajo forzoso como parte de su modelo económico, desconectado de cualquier marco legal internacional”, sostiene la organización, que insta a la comunidad internacional a revisar el origen de los productos cubanos que llegan a sus mercados.

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