El gobierno chino ejecutó recientemente a Bai Tianhui, un exdirectivo de alto rango del sector financiero, tras ser declarado culpable de aceptar sobornos millonarios durante su gestión al frente de Huarong International Holdings Limited, la filial con sede en Hong Kong del conglomerado estatal Huarong Asset Management. Las autoridades confirmaron que Bai recibió pagos indebidos que, convertidos a euros, superan los 130 millones, una suma que lo coloca entre los casos de corrupción más graves de los últimos años en China.

Bai había sido condenado a muerte el año pasado por un tribunal de Tianjin. Tras apelar sin éxito ante instancias superiores, la sentencia fue revisada y ratificada por el Tribunal Popular Supremo en Pekín. Antes de la ejecución, se le permitió despedirse de sus familiares. También se ordenó la confiscación de la mayoría de sus bienes para resarcir al Estado.

La fecha elegida para la ejecución no pasó desapercibida: se produjo tan solo un día después de que se anunciaran los resultados de las elecciones legislativas en Hong Kong. Analistas interpretan este gesto como un recordatorio de que la lucha anticorrupción del presidente Xi Jinping no distingue territorios y alcanza tanto a los “tigres” —altos funcionarios— como a las “moscas”, funcionarios de menor rango.

Huarong, fundada a finales de los años noventa como uno de los cuatro grandes gestores estatales de activos tóxicos, se vio envuelta en diversos escándalos de corrupción a lo largo de la última década. La empresa experimentó un giro estratégico arriesgado tras su privatización parcial en 2014, cuando más del 35% de sus acciones pasaron a manos privadas, incluyendo los fondos estadounidenses Warburg Pincus y Goldman Sachs. Su salida a bolsa en Hong Kong marcó un periodo de expansión hacia inversiones de alto riesgo que, con el tiempo, se volvieron insostenibles.

A mediados de los años 2020, la situación financiera de Huarong era tan delicada que el Estado tuvo que intervenir con miles de millones de euros para evitar su colapso. Finalmente, el gigante estatal CITIC absorbió por completo la empresa y la reestructuró como una división financiera bajo su control.

La investigación judicial determinó que entre 2014 y 2018 Bai Tianhui utilizó sus cargos para facilitar adquisiciones de activos y otorgar financiamiento a cambio de sobornos exorbitantes. Según el Tribunal Popular Supremo, estos actos causaron “serios daños a los intereses del Estado y del pueblo”. La severidad del caso explica por qué, a diferencia de otros altos funcionarios condenados a muerte por corrupción, la sentencia no fue conmutada por cadena perpetua, como suele ocurrir tras dos años sin reincidencia.

La ejecución de Bai se suma a otros escándalos vinculados a Huarong, el más conocido el del exdirector del conglomerado, Lai Xiaomin, ejecutado en 2021 tras ser acusado de recibir sobornos aún mayores. Su caso marcó un precedente en la campaña anticorrupción de Xi Jinping, que sigue apuntando a figuras destacadas del sector financiero y gubernamental.

La pena capital por delitos económicos es excepcional en China, aunque no inédita. En los últimos meses, varias figuras prominentes han recibido sentencias similares, como el exministro de Agricultura Tang Renjian, y Liu Liange, expresidente del Banco de China, ambos sentenciados por corrupción a la espera de una posible conmutación.

Volviendo a Huarong, su historia reciente refleja las tensiones entre la liberalización financiera parcial y el control estatal. Tras años de inversiones fallidas, el conglomerado acumuló un pasivo superior a los 200.000 millones de euros para finales de 2021, obligando al gobierno a intervenir en un rescate multimillonario. El caso de Bai Tianhui se convierte así en un símbolo de los excesos que el Estado afirma querer erradicar dentro de sus instituciones financieras estratégicas.

Fuente: La Vanguardia

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