Una demanda colectiva presentada en la Corte Federal de Miami avanza en su proceso judicial, buscando que se reconozcan los derechos de los cubanos con documento I-220A, un grupo que actualmente vive en un limbo migratorio sin claridad sobre su estatus ni protección frente a posibles deportaciones.

La audiencia, que duró menos de 30 minutos, no resolvió el caso de inmediato, pero fue considerada positiva por los abogados, ya que la jueza permitió que el proceso continúe y no desestimó la demanda. Este avance abre la puerta a que se revise la situación de más de un millón de personas afectadas por esta figura migratoria.

Entre los asistentes estuvo Magdiel Hevia, un cubano que compartió su temor ante la deportación pese a tener a toda su familia en Estados Unidos. “Cada vez que veo un patrullero se me hiela el alma”, relató. “Temo que me apresen y tenga que dejar atrás a mi esposa, mi madre y mi hija”, añadió, reflejando la angustia de miles de cubanos que enfrentan la misma incertidumbre.

El abogado de inmigración Eduardo Soto explicó que la jueza decidió permitir que el caso continúe debido al impacto potencial de la demanda sobre los cubanos con I-220A. Según Soto, los demandantes sostienen que estos inmigrantes fueron colocados en un procedimiento administrativo incorrecto, cuando debieron haber sido incluidos en un proceso que ofreciera mayor protección legal y acceso a beneficios migratorios.

Aunque este caso es independiente de otro que se tramita en el Circuito 11, que abarca Florida, Georgia y Alabama, ambos coinciden en cuestionar la interpretación del parole frente a la liberación de inmigrantes con I-220A. Actualmente, los demandantes carecen de protección judicial ante una posible deportación, y su futuro legal sigue siendo incierto.

“Estamos intentando legalizarnos para no regresar al monstruo del que salimos, que ahora está peor que nunca”, señaló Magdiel Hevia, reflejando la desesperanza y la esperanza simultánea que sienten muchos cubanos en Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno podría mantener su postura argumentando que la práctica administrativa aplicada a la I-220A fue válida y que cualquier modificación afectaría únicamente a casos específicos. De ser así, cientos de miles de inmigrantes seguirían en el limbo legal, con miedo constante de perder su derecho a permanecer en el país y reunirse con sus familias.

(Con información de Telemundo Miami)

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