El Gobierno de México acaba de dar un duro golpe al bolsillo de los migrantes, en especial a los miles de cubanos que intentan regularizar su situación o mantenerse legales en territorio mexicano. Una nueva reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), que duplica el costo de los trámites migratorios, ha encendido la alarma entre las comunidades extranjeras.

La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados con 352 votos a favor y 133 en contra, como parte del Paquete Económico 2026 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora pasa al Senado para su revisión final. Mientras tanto, la preocupación crece entre quienes dependen de estos documentos para vivir y trabajar legalmente en México.

De acuerdo con medios como Aristegui Noticias y El Economista, la reforma eleva las tarifas de varios servicios públicos —en áreas migratorias, aeroportuarias, financieras y sanitarias— con el objetivo de recaudar más de 157 mil millones de pesos. Sin embargo, el impacto más severo recae sobre los migrantes.

Los nuevos precios de los trámites migratorios son considerados desproporcionados:

La residencia temporal de un año sube de 5,328 a 11,740 pesos,

La de cuatro años, de 11,984 a 25,907 pesos,

Y la residencia permanente, de 6,494 a 13,578 pesos.

Incluso los visitantes sin permiso de trabajo deberán pagar más: de 860 a 983 pesos. Además, se añaden nuevas tarifas, como el permiso para visitar embarcaciones en navegación de altura (297.89 pesos) y la autorización de salida para menores (294 pesos).

Aunque el gobierno asegura que habrá descuentos del 50 % en casos humanitarios, organizaciones de apoyo a migrantes han criticado la medida, calificándola como una “reforma punitiva” que castiga a los más vulnerables. En ciudades como Tapachula, Mérida, Cancún y Ciudad de México, donde residen miles de cubanos, estos nuevos costos resultan inaccesibles para quienes dependen de empleos informales o remesas familiares.

El oficialismo justifica el alza alegando que busca “ajustar las cuotas al costo real de los servicios”, pero la oposición la considera una estrategia recaudatoria regresiva. Legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano denunciaron que el aumento “viola derechos humanos y restringe la movilidad”.

La diputada Noemí Luna afirmó que la reforma afecta directamente a los sectores más pobres y a los migrantes, mientras su colega Eduardo Gaona advirtió que se trata de una política que encarece el acceso a la legalidad y la integración social.

El paquete legislativo también aumenta tarifas en museos, zonas arqueológicas y servicios aeronáuticos, en algunos casos por encima del 100 %, confirmando que el gobierno mexicano busca recursos en todos los frentes, incluso a costa de los extranjeros más vulnerables.

Para los cubanos residentes en México, la reforma representa otra barrera más. Regularizarse, renovar una residencia o simplemente mantener su estatus legal se ha convertido en un lujo inalcanzable en medio de la inflación, los bajos salarios y la burocracia.

Todo esto ocurre mientras el régimen cubano continúa expulsando a sus ciudadanos por la miseria y la falta de oportunidades, y los gobiernos de la región endurecen sus políticas migratorias presionados por Estados Unidos.

El resultado es el mismo de siempre: los cubanos atrapados entre fronteras, tarifas y promesas vacías, pagando cada vez más caro el sueño de una vida estable lejos de la isla.

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