Enrique llegó a EE.UU. buscando libertad, pero ahora vive pendiente de una llamada o un golpe en la puerta. Tiene un I-220A, una “libertad bajo palabra” que no le da estatus legal y lo deja expuesto a ser detenido por ICE en cualquier momento.

Para proteger a su familia, ya hizo testamento, poderes notariales y hasta retiró el dinero del banco, dejando lo mínimo para pagar cuentas. También designó a un amigo para que cuide sus bienes si lo arrestan.

“Uno no duerme con este miedo. Hoy estás aquí, mañana te meten en un hueco y nadie sabe dónde estás”, confesó a El País.

Y no es el único. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de la Florida confirman que cientos de familias están elaborando planes de emergencia: documentos legales, contactos de confianza y talleres para conocer sus derechos.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, ICE tiene más poder para deportar rápido a migrantes con permisos temporales como el parole, CBP One o el I-220A. En marzo, su gobierno canceló el parole humanitario, dejando a más de 530 mil personas en un limbo legal. Además, impulsa la “Operación Safeguard”, que ya ha detenido a casi 150 mil migrantes en 2025.

Con un presupuesto de 80 mil millones de dólares, 45 mil irán a ampliar y mantener centros de detención hasta 2029. El resultado: miedo, separación de familias y comunidades enteras en alerta.

El Centro para la Democracia en las Américas describe la situación como una “tormenta de presiones” que golpea especialmente a los cubanos. Muchos, como Enrique, viven cada día sin saber si será el último en libertad.

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