En Corea del Norte, más de 30 estudiantes de secundaria han sido ejecutados por ver televisión surcoreana, según informes recientes. Este hecho destaca la severidad con la que el régimen de Kim Jong-un aplica la ley que prohíbe la visualización y distribución de contenido cultural extranjero.

Las memorias USB y tarjetas SD se han convertido en medios comunes para contrabandear contenido occidental y surcoreano dentro del país. A pesar de las estrictas prohibiciones, muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, intentan acceder a estos materiales, lo que ha llevado a medidas extremas por parte del gobierno.

En octubre de 2022, dos jóvenes fueron condenados a muerte por ver y distribuir la popular serie "El juego del calamar". La reciente ejecución tuvo lugar en una pista de aterrizaje de una ciudad norcoreana, donde las autoridades dispusieron a los estudiantes frente a un público aterrorizado antes de ejecutarlos.

Desde la aprobación en diciembre de 2020 de la "Ley de la RPDC sobre el rechazo de la ideología y la cultura reaccionarias", el gobierno norcoreano ha intensificado su campaña contra la influencia cultural extranjera. Esta ley prohíbe la distribución de medios de comunicación procedentes de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, con castigos que van desde trabajos forzados hasta la pena de muerte. Incluso el simple hecho de ver estos contenidos puede resultar en una condena de 15 años en un campo de reclusión.

Un reciente informe del diario coreano "아시아경제" indicó que, el mes pasado, desertores norcoreanos empaquetaron memorias USB con dramas surcoreanos y las enviaron al país utilizando grandes globos. Sin embargo, la mayoría de los que vieron este material fueron ejecutados. Un funcionario del gobierno informó que alrededor de 30 estudiantes fueron sorprendidos viendo estos dramas y fueron ejecutados públicamente la semana pasada.

En 2020, los padres norcoreanos debieron firmar compromisos para asegurar que sus hijos no vieran "contenido de vídeo impuro" en casa, es decir, no consumir otras culturas que no sean la propia. A pesar de las negaciones del gobierno sobre la realización de ejecuciones públicas 

desde 1992, testigos presenciales recopilados por Amnistía Internacional indican que estas prácticas continúan.

Las llamadas "leyes malvadas" prohíben:

La difusión de ideologías y culturas que contradigan las normas impuestas por el régimen.

La distribución de contenidos culturales provenientes de Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y otros lugares.

La aplicación de estas normas también a extranjeros que viajen a Corea del Norte.

Además, los informes indican que los padres de un estudiante que fue descubierto viendo pornografía extranjera fueron detenidos y enviados a un campo de trabajo por su supuesta responsabilidad en la educación de sus hijos.

Este episodio resalta la continua represión en Corea del Norte y la extrema violencia con la que el régimen de Kim Jong-un mantiene el control sobre la población, utilizando el terror como herramienta para evitar cualquier influencia cultural extranjera.

(Con información de: La Razón)

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