En plena expansión de una epidemia de dengue y chikungunya, el Gobierno cubano optó por una estrategia de silencio y simulación. En lugar de reconocer públicamente la gravedad del brote, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) incluyó discretamente insumos esenciales para el control del mosquito dentro de una solicitud de ayuda internacional atribuida a los daños del huracán Melissa, sin mencionar la emergencia sanitaria que ya estaba en curso.

Documentos a los que tuvo acceso la agencia EFE revelan que el 27 de octubre, coincidiendo con el momento más crítico del brote, el MINSAP remitió a embajadas y agencias de Naciones Unidas una relación de “necesidades prioritarias” supuestamente vinculadas a la respuesta al evento meteorológico. En esa lista figuraban cantidades masivas de larvicidas e insecticidas, sin referencia alguna a dengue o chikungunya.

El encabezado del documento —“Principales necesidades para el enfrentamiento del huracán Melisa por el Servicio Nacional de Salud”— contrastaba con su contenido. En el apartado de Higiene y Epidemiología se solicitaban 200 toneladas de Abate al 1% y 40 toneladas de cipermetrina al 25%, productos utilizados de forma específica para el control del Aedes aegypti, mosquito transmisor de ambas enfermedades.

Especialistas consultados por EFE coincidieron en que esos volúmenes no responden a una acción preventiva tras un ciclón, sino a una campaña nacional de fumigación, propia de una epidemia declarada. O, en este caso, no declarada.

Las cifras refuerzan esa lectura. La cantidad de cipermetrina solicitada permitiría realizar entre cientos de miles y más de un millón de fumigaciones domiciliarias, mientras que el Abate alcanzaría para tratar extensas áreas de aguas contaminadas. Nada de ello se ajusta a una intervención puntual por daños meteorológicos.

Pese a ello, el reconocimiento oficial de la epidemia llegó 17 días después, cuando ya se reportaban hospitales saturados, ingresos masivos de menores y muertes asociadas a ambas enfermedades. Aun así, el Gobierno evitó declarar una emergencia sanitaria y mantuvo un discurso fragmentado y evasivo.

Hasta el momento descrito en el informe, ningún país ni organismo internacional había respondido a esa solicitud específica, un hecho que deja al descubierto la desconfianza creciente hacia un Gobierno que solicita ayuda sin transparentar la magnitud real de la crisis.

Semanas más tarde, el propio MINSAP terminó admitiendo que las campañas de fumigación se veían afectadas por la escasez de insumos y personal, confirmando lo que ya era evidente para la población: el sistema no contaba con los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

Mientras tanto, la epidemia continuó avanzando. Las cifras oficiales reconocen 52 fallecidos —34 por chikungunya y 18 por dengue— y más de 47.000 casos acumulados, con transmisión activa en todas las provincias y decenas de niños en cuidados intensivos, algunos en estado crítico.

El patrón no es nuevo. Primero se oculta la crisis, luego se minimiza y, finalmente, se pide ayuda sin admitir la verdad completa. No se trata de un error aislado, sino de una forma de gestión donde el control del relato político pesa más que la protección de la vida.

La epidemia no fue consecuencia del huracán. Es el resultado de años de abandono, carencias estructurales y opacidad institucional. Y eso, por más insecticidas que se soliciten, no se erradica con fumigación.

Recomendado para ti