Los cruces irregulares de inmigrantes por la frontera sur de Estados Unidos descendieron en junio a cifras históricamente bajas, como resultado del endurecimiento de los controles fronterizos y las amenazas de deportación masiva impulsadas por la actual administración de Donald Trump.

Según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el mes pasado se registraron apenas 6,070 detenciones de personas que intentaban ingresar ilegalmente al país desde México. Esta cifra representa el nivel más bajo en años y marca una fuerte caída en comparación con los picos registrados durante 2023, cuando se reportaban hasta 10,000 cruces irregulares diarios.

El descenso se atribuye principalmente al despliegue de efectivos de la Guardia Civil en los puntos fronterizos más transitados, así como a la intensificación de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso en ciudades consideradas “santuario”.

“Los inmigrantes están recibiendo un mensaje claro: ya no será fácil entrar sin papeles y quedarse”, declaró Tom Homan, actual zar fronterizo designado por el presidente Trump. En un mensaje difundido en la plataforma X (antes Twitter), Homan celebró que, por segundo mes consecutivo, la Patrulla Fronteriza no haya liberado a ningún inmigrante detenido en los cruces irregulares.

Las cifras de junio se ubican por debajo del récord anterior más bajo, que se había registrado en marzo con aproximadamente 7,200 detenciones. Para muchos expertos, esto refleja un cambio de enfoque drástico en las políticas migratorias, que han pasado del enfoque “humanitario” de la administración Biden a un modelo de tolerancia cero frente a la inmigración ilegal.

La Casa Blanca, además, impulsa un ambicioso paquete legislativo que, de aprobarse, reforzará aún más los controles migratorios. Entre las propuestas más destacadas está la contratación de 10,000 nuevos agentes para el ICE y 5,000 más para la Patrulla Fronteriza. También se prevé una fuerte inversión en la construcción de centros de detención temporal, como el recientemente habilitado complejo conocido como “Alligator Alcatraz”, que fue montado en apenas ocho días.

La nueva política migratoria también contempla la aceleración de deportaciones y el procesamiento exprés de solicitudes de asilo, lo que, según las autoridades, busca “desincentivar la migración desordenada y abusiva del sistema”.

Pese a las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, el gobierno ha insistido en que estas medidas son necesarias para recuperar el control de la frontera, frenar el tráfico de personas y drogas, y garantizar la seguridad nacional.

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