La batalla legal por las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador durante la administración Trump dio un giro decisivo cuando una corte federal de apelaciones anuló el fallo de desacato impuesto al presidente.

El panel de tres jueces, con dos votos a favor y uno en contra, concluyó que el juez de distrito James E. Boasberg excedió sus atribuciones e invadió el terreno del Poder Ejecutivo en política exterior.

Los magistrados Gregory Katsas y Neomi Rao, nominados por Trump, sostuvieron que la orden de Boasberg intentó “controlar la conducción de los asuntos exteriores” del Ejecutivo, un ámbito donde la influencia judicial es mínima.

En contraste, la jueza Cornelia Pillard, nominada por Barack Obama, defendió a Boasberg y advirtió que la mayoría estaba “haciendo un grave perjuicio a un juez ejemplar” y debilitando la autoridad judicial.

El conflicto se originó cuando Boasberg ordenó suspender vuelos que trasladaban a 250 migrantes venezolanos hacia El Salvador. Según el magistrado, estos debían regresar a Estados Unidos para presentar sus impugnaciones en tribunales.

Sin embargo, el gobierno alegó que nunca recibió una orden escrita y procedió con las deportaciones, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar los traslados.

El Departamento de Justicia llegó a presentar una denuncia por mala conducta contra Boasberg, una medida poco habitual, lo que evidenció la tensión entre las ramas judicial y ejecutiva.

Tras conocerse la decisión, la fiscal general Pam Bondi celebró lo que calificó como una “gran victoria” para la administración Trump y defendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como herramienta legítima en la gestión migratoria.

Por su parte, Lee Gelernt, abogado de la ACLU que representa a los migrantes, afirmó que se evalúan “todas las opciones” para responder.

Expertos señalan que este fallo podría marcar un precedente importante, limitando la capacidad de los jueces para frenar acciones ejecutivas en materia migratoria y de política exterior. El caso deja al descubierto las fricciones institucionales y abre interrogantes sobre el alcance real del control judicial en decisiones presidenciales que afectan a migrantes y relaciones internacionales.

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