Un juez de inmigración en Estados Unidos ordenó la deportación de Digsan García Rodríguez, exteniente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba, tras determinar irregularidades en su proceso migratorio. El exoficial fue señalado por víctimas y activistas de haber participado en actos de persecución, abuso de poder y represión contra ciudadanos en La Habana.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos ordenaron la expulsión de Digsan García Rodríguez, un exteniente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba que durante años se desempeñó como jefe de sector en el reparto Santa Fe, municipio Playa, en La Habana. La decisión fue emitida por un juez de inmigración en Nebraska, luego de que salieran a la luz denuncias sobre su presunta participación en actos de represión y de que se detectaran inconsistencias en su proceso migratorio.

De acuerdo con la información divulgada por activistas y medios vinculados al exilio cubano, García Rodríguez fue identificado por varias personas que lo acusaron de utilizar su posición dentro de la estructura policial para intimidar, vigilar y ejercer presión contra ciudadanos considerados críticos o incómodos para el régimen cubano.

La orden de deportación establece que el exoficial será enviado a Guatemala, país que mantiene acuerdos con Estados Unidos para recibir a determinados migrantes expulsados cuando sus países de origen no aceptan o retrasan los procesos de repatriación.

Uno de los testimonios más relevantes en su contra fue presentado por Kamila García, quien aseguró haber sido víctima de acoso y persecución por parte del entonces jefe policial. Según su relato, tras rechazar presuntas insinuaciones de carácter sexual, comenzó a ser objeto de hostigamiento que culminó con su encarcelamiento.

La denunciante sostiene que García Rodríguez habría promovido la elaboración de un expediente basado en acusaciones falsas para justificar una condena por “peligrosidad predelictiva”, una controvertida figura legal utilizada durante años en Cuba para sancionar a personas sin necesidad de que hubieran cometido un delito.

De acuerdo con la versión ofrecida por la víctima, entre las acusaciones incluidas en el expediente figuraban supuestos robos y otras conductas que nunca pudieron ser demostradas. Como resultado, fue condenada a dos años de prisión.

Las denuncias contra el exteniente trascendieron el ámbito local y fueron recopiladas por organizaciones y activistas del exilio cubano que investigan la presencia en Estados Unidos de antiguos funcionarios vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos en la Isla. Fotografías, documentos y testimonios fueron entregados a las autoridades federales para respaldar los señalamientos.

Para numerosos sectores del exilio, la decisión representa un precedente importante al demostrar que las acusaciones documentadas contra antiguos miembros de los órganos represivos cubanos pueden influir en los procesos migratorios y derivar en medidas concretas por parte de las autoridades estadounidenses.

Fuente: Periódico Cubano

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