Un nuevo hecho de violencia machista sacudió a Cuba en la noche de este jueves, cuando una joven madre fue asesinada a puñaladas en la localidad de Torriente, municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas.

Según reportó la página de Facebook La Tijera, la víctima, identificada como Yamila, perdió la vida tras ser atacada por su pareja en lo que se presume fue un crimen motivado por celos. El hecho deja a tres niñas pequeñas huérfanas, una tragedia que ha llenado de dolor a familiares, vecinos y a toda la comunidad.

Los testigos aseguran que la noticia corrió rápidamente por la localidad y que la población está profundamente consternada. Vecinos y allegados de la joven exigen justicia inmediata y piden que este crimen no quede impune.

Este nuevo feminicidio no es un caso aislado. Al contrario, forma parte de una ola creciente de violencia de género en Cuba, donde organizaciones independientes y plataformas feministas han denunciado que los casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas han aumentado en los últimos años.

Aunque el Estado cubano no publica cifras oficiales actualizadas ni mantiene un registro público de feminicidios, colectivos como Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba han contabilizado decenas de casos solo en lo que va de 2025. Estos observatorios se nutren principalmente de denuncias en redes sociales, medios alternativos y reportes comunitarios, dada la falta de transparencia gubernamental.

Especialistas en el tema señalan que el incremento de la violencia de género está vinculado no solo a factores individuales, como los celos o los conflictos de pareja, sino también a un contexto social y económico de crisis que profundiza tensiones en los hogares y deja a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Los feminicidios en Cuba suelen generar indignación pública y pedidos de justicia, como ocurre ahora en Jagüey Grande. Sin embargo, activistas cuestionan la ausencia de políticas efectivas de prevención y protección hacia las víctimas. En particular, reclaman la creación de una ley integral contra la violencia de género, mecanismos de refugio y asistencia para mujeres en riesgo, y un sistema judicial más rápido y sensible ante estas denuncias.

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