El gobierno venezolano ha calificado de "piratería" la reciente confiscación de un avión oficial utilizado por el presidente Nicolás Maduro, incautado en República Dominicana por orden de las autoridades estadounidenses. La administración de Maduro anunció que se reserva el derecho de tomar acciones legales para "reparar" el daño causado por esta acción, calificando la confiscación como parte de una "política criminal" de Estados Unidos.
Según el comunicado oficial emitido por el gobierno de Venezuela, la aeronave, un Dassault Falcon 900EX de fabricación francesa, fue incautada bajo el pretexto de violaciones a las sanciones y leyes de control de exportaciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos. El avión fue trasladado desde República Dominicana a Fort Lauderdale, donde permanece bajo custodia estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que la confiscación se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional La Isabela, en Santo Domingo. Según las autoridades estadounidenses, la aeronave había sido adquirida ilegalmente por $13 millones a través de una compañía fantasma, en un intento por eludir sanciones que prohíben a estadounidenses realizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, declaró que la incautación es una muestra de que las sanciones impuestas a Venezuela se están aplicando de manera efectiva. Afirmó que la aeronave fue exportada desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023, violando una orden ejecutiva que prohíbe tales transacciones.
Matthew S. Axelrod, subsecretario de Comercio para la Aplicación de la Ley en Exportaciones, señaló que esta acción "envía un mensaje claro" de que los bienes adquiridos ilegalmente para beneficiar a funcionarios venezolanos sancionados no podrán circular libremente.
La aeronave en cuestión, considerada el equivalente venezolano al Air Force One, ha sido utilizada en varias visitas de Estado de Maduro, y su confiscación representa un golpe simbólico al régimen venezolano. Según informes, varias agencias federales de Estados Unidos colaboraron con las autoridades dominicanas en la incautación, que notificaron a Venezuela sobre la acción.
Este incidente añade otra capa de tensión a las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto donde las sanciones y las medidas coercitivas siguen siendo un punto de conflicto constante.
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