Pese a un ligero repunte tras levantarse una pausa administrativa por orden judicial, el 97.8 % de los expedientes acumulados lleva más de seis meses sin resolución, mientras un reciente fallo del Undécimo Circuito complica el panorama legal para los cubanos con formulario I-220A.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) otorgó 652 residencias permanentes bajo la Ley de Ajuste Cubano durante septiembre de 2026, según el informe mensual presentado al Congreso con datos de los sistemas ELIS y CLAIMS3. Aunque la cifra marca un avance respecto a meses anteriores, no logra aliviar un colapso histórico: el mes cerró con 355,314 expedientes pendientes (apenas por debajo de los 355,520 de agosto), de los cuales 347,613 (el 97.8 %) superan los seis meses de espera, frente a solo 7,701 casos más recientes.
En el transcurso de septiembre, la agencia emitió 1,118 resoluciones totales —652 aprobaciones (58.3 %) y 466 denegaciones (41.7 %)—, mientras recibió 1,149 nuevas peticiones. El volumen de decisiones representa apenas el 0.31 % del inventario acumulado (y las aprobaciones, solo el 0.18 %). Además, el tiempo promedio de procesamiento para los expedientes ya cerrados se ubicó en 21.5 meses, una métrica que no garantiza plazos similares para quienes siguen en espera.
El incremento en las adjudicaciones responde a una orden emitida el 24 de agosto por un tribunal federal de California, que obligó a USCIS a reactivar los trámites de nacionales de 39 países, incluida Cuba, tras haberlos congelado mediante memorandos internos. Aunque la agencia acató el fallo el 28 de agosto —pese a manifestar su desacuerdo—, la caída interanual sigue siendo drástica: entre abril y junio de 2024 se aprobaron 49,965 residencias cubanas, bajando a 10,432 en el mismo periodo de 2025 y desplomándose a solo 139 en el segundo trimestre de 2026 (una reducción acumulada superior al 99 %). A lo largo de 2026, las aprobaciones avanzaron lentamente desde 50 en el primer trimestre y 139 en el segundo, hasta 308 en julio, 386 en agosto y 652 en septiembre.
A este cuello de botella administrativo se suma un revés judicial para los cubanos liberados bajo supervisión con el formulario I-220A. El pasado martes 17 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito dictaminó en el caso Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General que dicho documento no equivale al parole humanitario exigido por la Ley de Ajuste Cubano, sentando precedente vinculante en Florida, Georgia y Alabama.
Esta decisión impacta directamente en la demanda colectiva Bello-Rubio v. Noem, impulsada por 992 cubanos en el Distrito Sur de Florida —y que podría beneficiar a entre 500,000 y 600,000 migrantes con I-220A—. Tras dos mociones del Gobierno federal para desestimar el caso en septiembre y octubre, los abogados de los demandantes solicitaron el 17 de noviembre suspender el litigio durante 60 días para evaluar el impacto de la nueva sentencia. Ante este escenario de incertidumbre y demoras prolongadas, especialistas recomiendan monitorear periódicamente el estatus de cada solicitud y consultar asesoría legal sobre posibles recursos, como una demanda de mandamus por retraso injustificado, según las particularidades de cada caso.
Fuente: USCIS
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