La Comisión Municipal de Tallahassee aprobó de forma unánime comenzar el proceso para abandonar el programa federal 287(g), una decisión que revierte la postura anterior del ayuntamiento y coloca a la capital estatal en rumbo de colisión con las autoridades de Florida.
La Comisión Municipal de Tallahassee dio el primer paso para desvincularse del programa federal 287(g), el convenio que autoriza a policías locales capacitados a desempeñar tareas de control migratorio bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). La votación, aprobada por unanimidad (5-0), no cancela el pacto de inmediato, pero ordena al personal de la ciudad elaborar un plan de retirada que detalle los aspectos legales y financieros antes de una decisión definitiva.
El giro responde a la nueva composición política del órgano municipal. El recién electo alcalde Jeremy Matlow y el comisionado PJ Perez se unieron a la comisionada Jack Porter para formar una mayoría que revierte el voto anterior de 3-2 con el que la comisión previa había respaldado la continuidad del convenio. Durante el debate, Matlow subrayó que la legislación estatal no obligó al municipio a firmar el acuerdo y advirtió que asumir funciones federales representa una carga económica en un contexto de posibles recortes presupuestarios.
Uno de los datos más llamativos de la sesión surgió cuando el jefe de policía, Lawrence Revell, reveló el alcance real del programa en la ciudad: apenas un agente cuenta con capacitación bajo el convenio y acceso a las bases de datos migratorias federales. Pese a su limitado impacto operativo, la medida tiene un fuerte peso político al producirse en la propia sede del gobierno estatal.
El movimiento llega apenas un día después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera a la ciudad de Doral que romper un acuerdo 287(g) vigente podría infringir la ley estatal contra las ciudades santuario, que contempla multas de hasta 5,000 dólares y la posible suspensión de funcionarios. A esto se suma el antecedente de Key West, que en 2025 intentó cancelar su convenio y dio marcha atrás semanas después ante amenazas de sanciones y litigios, así como la advertencia del gobernador electo Byron Donalds, quien recordó que «Florida no es un estado santuario».
Para los migrantes en Tallahassee —incluidos cubanos con I-220A o venezolanos con parole—, la eventual ruptura del pacto no alterará su estatus legal ni impedirá que ICE continúe operando de forma independiente en la ciudad.
Fuente: Fox49
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