Cerca del 40% de los cubanos de 65 años o más carece de una pensión o jubilación, una realidad que refleja el desamparo económico de miles de ancianos en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El documento *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026* revela que solamente el 61% de la población cubana de ese grupo de edad recibe algún ingreso formal por retiro, mientras que el 39% permanece sin esa protección económica.
La situación coloca a Cuba entre los países con menor cobertura previsional de la región y evidencia las dificultades del sistema estatal para responder al acelerado envejecimiento de la población y a la reducción de la fuerza laboral.
Las cifras contrastan con el promedio latinoamericano, donde el 79,2% de las personas mayores recibe una pensión o jubilación. Uruguay registra una cobertura del 92%, Argentina y Chile del 91%, y Brasil del 89%.
El informe también muestra que la protección existente en Cuba depende fundamentalmente de las pensiones obtenidas mediante los años de trabajo. Estas prestaciones contributivas alcanzan al 55% de los mayores de 65 años, mientras que las ayudas asistenciales no contributivas apenas benefician al 6%.
Este panorama resulta especialmente preocupante en un país donde miles de jubilados deben enfrentar precios elevados de los alimentos, escasez de medicamentos, apagones y dificultades para acceder a productos básicos, con ingresos que en numerosos casos no permiten cubrir sus necesidades más elementales.
La CEPAL señala que el sistema de pensiones cubano ha experimentado reformas en 2009, 2020 y 2024. Entre los cambios aplicados figuran modificaciones en la edad de jubilación, los cálculos de las prestaciones y las obligaciones de aportación.
Sin embargo, estas medidas no han conseguido resolver las dificultades estructurales de un modelo que depende de los ingresos de una población trabajadora cada vez más reducida para financiar las jubilaciones actuales.
Otro aspecto señalado por el organismo regional es la falta de transparencia estadística de las autoridades cubanas. El Gobierno no proporciona información detallada sobre los ingresos de los hogares ni publica indicadores oficiales de pobreza que permitan evaluar de manera independiente las condiciones de vida de la población.
Esta ausencia de datos impide determinar con precisión si las pensiones que reciben los ancianos alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
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