A partir del 3 de enero de 2027, el Partido Demócrata asumirá el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos con facultades para investigar operativos migratorios y condicionar presupuestos, aunque enfrentará serias restricciones legales y políticas para frenar las deportaciones masivas ejecutadas por la Administración de Donald Trump.
De acuerdo con un análisis de Noticias Telemundo, los legisladores demócratas contarán con mayoría en la Cámara de Representantes y 55 escaños en el Senado. Según expertos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), su margen de acción se centrará en tres frentes: el control del gasto, la supervisión parlamentaria y la negociación legislativa.
En el plano financiero, el Congreso podrá establecer condiciones en el presupuesto anual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para limitar detenciones o priorizar la expulsión de personas con antecedentes penales. Sin embargo, las agencias migratorias ya disponen de fondos plurianuales aprobados previamente —incluidos cerca de 80,000 millones de dólares aún sin ejecutar—, cuya reasignación o recorte requeriría una nueva ley sujeta al veto presidencial de Trump.
La herramienta más inmediata será la fiscalización. Comités legislativos adelantaron que emitirán citaciones y realizarán audiencias públicas para examinar denuncias de abusos durante redadas y muertes ocurridas en operativos federales, además de interpelar a funcionarios como el jefe de Gabinete, Stephen Miller. No obstante, estas investigaciones no conllevan sanciones penales directas ni permiten destituciones, ya que un juicio político exige 67 votos en el Senado.
En materia legislativa, la aprobación de alivios migratorios o protecciones para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y jóvenes amparados por DACA dependerá de acuerdos bipartidistas, dado que en el Senado se requieren 60 votos para avanzar proyectos de ley y la Casa Blanca mantiene el poder de veto. Ante este escenario, algunas congresistas anunciaron ajustes a propuestas como la Ley DIGNIDAD para intentar sumar respaldo republicano.
Mientras se instala la nueva legislatura, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene activas sus operaciones tras registrar un récord de más de 483,000 deportaciones en el último año, motivo por el cual organizaciones civiles y autoridades locales piden a la comunidad mantener la precaución.
Fuente: Telemundo 51
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