Con cuatro votos a favor y uno en contra, las autoridades municipales de Doral posponen de nuevo la decisión sobre la continuidad del programa federal 287(g) hasta recibir una respuesta legal del fiscal general de Florida. Este acuerdo permite entrenar a policías locales para hacer tareas de control migratorio junto a las autoridades federales, una medida que todavía no se aplica en las calles pero que ya genera temor entre los vecinos y pérdidas económicas en los comercios de la ciudad.
El Concejo Municipal de Doral bloquea por segunda vez el debate público para revisar o cancelar su acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida sale adelante tras aprobarse por cuatro votos contra uno una propuesta del vicealcalde Rafael Pineyro, quien plantea esperar a la opinión legal del fiscal general de Florida, James Uthmeier, antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del pacto.
El acuerdo en cuestión es el denominado programa federal 287(g). En la práctica, este convenio sirve para que los agentes de la policía local reciban una formación especial que les permite realizar funciones de control migratorio junto a los agentes federales de ICE, como interrogar o detener a personas por su situación migratoria. Aunque Doral aprobó este pacto en abril de 2025 y lo formalizó en enero de 2026, el propio municipio reconoce que ningún policía local recibió todavía dicha capacitación, por lo que el acuerdo existe sobre el papel pero aún no se ejecuta.
La concejal Maureen Porras presentó la iniciativa para discutir y cancelar este convenio de inmediato, siendo la única miembro del concejo que votó en contra del aplazamiento. Esta parálisis se suma a otro bloqueo ocurrido el pasado 12 de noviembre, cuando el abogado de la ciudad, Lorenzo Cobiella, advirtió que debatir la salida del pacto expone al municipio a sanciones bajo las leyes del estado de Florida.
La decisión provoca un fuerte enfado entre decenas de activistas y vecinos que asistieron a la reunión. Representantes de organizaciones comunitarias como el American Friends Service Committee y el Venezuelan American Caucus critican la falta de valentía de los concejales y denuncian que muchos residentes sienten pánico de llamar a la policía ante cualquier emergencia por miedo a terminar en un centro de detención migratoria.
Por su parte, el vicealcalde Pineyro asegura que está dispuesto a votar a favor de cancelar el acuerdo cuando llegue la respuesta del fiscal general, aunque advierte que romper este documento tampoco impedirá que los agentes federales de ICE sigan realizando operativos en la ciudad.
Mientras se resuelve este trámite político, el temor ya afecta a la economía y a la vida diaria del municipio. La Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida calcula que las ventas en los negocios de la zona caen entre un cuarenta y un cuarenta y cinco por ciento, mientras las detenciones de ICE en Doral pasaron de tres en diciembre de 2025 a diecisiete en julio de 2026. El debate municipal queda ahora en pausa hasta principios de diciembre, fecha en la que la alcaldesa Christi Fraga se reunirá con el fiscal general Uthmeier.
Fuente: El Nuevo Herald
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