El Consejo de Estado publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 114/2025, una norma que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales en Cuba. La disposición, firmada por Juan Esteban Lazo Hernández en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, establece el marco jurídico para crear sociedades mixtas, adquirir participaciones privadas, ejecutar fusiones por absorción y formalizar contratos de asociación económica.
La medida, que entrará en vigor 30 días después de su publicación, se complementa con la Resolución 8/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), la cual define el procedimiento para evaluar y aprobar cada operación. Según el discurso oficial, el objetivo es “dinamizar encadenamientos productivos” y aprovechar capacidades instaladas. Sin embargo, el nuevo esquema refuerza el papel dominante del Estado en un sector privado que ya opera bajo fuertes restricciones.
El Decreto-Ley reconoce cuatro modalidades de asociación. La primera permite constituir sociedades de responsabilidad limitada mixtas (SRL mixtas) con aportes de bienes o derechos tanto estatales como privados. La segunda autoriza a empresas estatales a adquirir participaciones en SRL privadas ya existentes. La tercera contempla la absorción de una sociedad privada por una entidad estatal —ya sea sociedad anónima de capital totalmente cubano o SRL estatal—. Y la cuarta establece contratos de asociación económica sin crear una nueva persona jurídica, pero con fondo común y reparto de utilidades.
Podrán participar empresas estatales, sociedades anónimas de capital 100 % cubano, unidades presupuestadas con tratamiento especial y, por el lado no estatal, micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), así como cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. Quedan excluidas las personas naturales que ejercen actividades mercantiles.
Aunque el gobierno presenta esta normativa como un paso hacia la “actualización” del modelo económico, analistas independientes advierten que el diseño mantiene el control político y administrativo sobre cualquier expansión del sector privado. Cada proyecto deberá someterse a un proceso de aprobación centralizado, lo que deja amplio margen para la discrecionalidad.
En un contexto de profunda crisis económica —marcada por inflación, escasez y caída de la producción—, el régimen busca fórmulas para captar recursos y sostener empresas estatales ineficientes. La posibilidad de que entidades estatales absorban compañías privadas genera inquietud entre emprendedores, que temen perder autonomía o quedar subordinados a estructuras burocráticas.
La creación de mipymes en 2021 abrió un espacio limitado para la iniciativa privada, pero bajo estrictas reglas y supervisión. Con el Decreto-Ley 114/2025, el Estado no solo regula la interacción con el sector no estatal, sino que amplía mecanismos para participar directamente en negocios privados o integrarlos a su órbita.
Mientras el discurso oficial habla de “complementariedad”, la realidad es que la economía cubana continúa centralizada y condicionada por decisiones políticas. El nuevo decreto no elimina trabas estructurales ni garantiza mayor libertad empresarial; más bien consolida un modelo donde el Estado mantiene la última palabra sobre cualquier alianza estratégica.
Fuente: Cubadebate y Agenda Económica
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