Una mujer de origen cubano fue arrestada en el condado de Miami-Dade tras ser acusada de operar sin licencia una casa de recuperación postoperatoria en una vivienda privada, donde al menos 11 pacientes pagaban por servicios de cuidado tras cirugías.
La detenida fue identificada como Yordanka García Olazábal, de 50 años, quien enfrenta cargos por operar una instalación de vida asistida sin la debida autorización estatal, según registros judiciales citados por el medio local NBC Miami.
De acuerdo con la investigación, el caso se originó a partir de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la existencia de un centro improvisado en una residencia ubicada en el bloque 12700 de Southwest 42nd Terrace, en Miami-Dade. La información indicaba que en el lugar se ofrecían servicios de recuperación médica a pacientes recién operados.
Tras recibir la alerta, las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda. Durante la inspección, los agentes encontraron a dos empleados que asistían a los residentes en tareas básicas como bañarse, vestirse, alimentarse, tomar medicamentos, usar el baño y desplazarse dentro del inmueble.
En el interior de la casa también fueron localizados 11 pacientes, quienes declararon que pagaban por recibir esos cuidados mientras se recuperaban de procedimientos quirúrgicos. Según la información recopilada, cada uno abonaba aproximadamente 300 dólares por noche para permanecer en el lugar.
Las autoridades señalaron que este tipo de instalaciones se encuentran reguladas bajo estrictas normas en el estado de Florida, debido a que implican atención directa a personas en condición vulnerable tras intervenciones médicas.
La legislación estatal establece que cualquier establecimiento que brinde cuidados personales las 24 horas a más de dos personas no emparentadas debe contar con una licencia oficial de centro de vida asistida, emitida por la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida.
Operar sin dicha autorización constituye un delito grave de tercer grado. Además, cada día de funcionamiento puede ser considerado una infracción independiente, lo que incrementa la gravedad de los cargos. Las autoridades también pueden imponer multas administrativas que alcanzan hasta 5.000 dólares diarios en casos donde exista riesgo para la salud de los pacientes.
El caso ha generado atención debido a que este tipo de “casas de recuperación” informales han sido detectadas en otras ocasiones en el sur de Florida, donde pacientes en situación de vulnerabilidad buscan atención postoperatoria sin conocer si el lugar cumple con los requisitos legales y sanitarios.
García Olazábal permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra. Las autoridades no han descartado que puedan surgir más cargos o implicados relacionados con la operación del establecimiento.
Este arresto se suma a una serie de acciones recientes en Miami-Dade contra centros de recuperación no autorizados, en medio de una creciente preocupación por la proliferación de este tipo de servicios informales en la región.
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