Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento utilizado por la administración de Donald Trump para imponer y cobrar multas de hasta 1,8 millones de dólares a determinados inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a tener órdenes definitivas de deportación.
La decisión fue adoptada por el juez George A. O’Toole Jr., quien cuestionó la legalidad del mecanismo empleado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y consideró que los demandantes tenían posibilidades de demostrar que las sanciones fueron impuestas mediante un procedimiento contrario a la ley.
El fallo representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias de la administración Trump. Según La Opinión, el caso se centra especialmente en una vía acelerada que permitió al gobierno imponer las sanciones sin seguir algunos de los procedimientos habituales de participación pública.
Entre los cambios cuestionados se encontraba la eliminación del aviso previo y la reducción del plazo para impugnar una multa de 30 a 15 días. El juez consideró que esas modificaciones podían perjudicar especialmente a personas que necesitan tiempo para comprender documentos legales, reunir pruebas y presentar una respuesta ante las autoridades.
O’Toole también advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían enfrentar los inmigrantes afectados. La aplicación de las sanciones podría llevar a algunas personas a la insolvencia y afectar bienes como viviendas, vehículos, salarios o devoluciones de impuestos.
Las multas se aplican a personas que recibieron órdenes definitivas de deportación y no abandonaron el país dentro del plazo establecido. En algunos casos, las sanciones pueden alcanzar hasta 998 dólares diarios, lo que permite que las deudas acumuladas lleguen a cifras millonarias.
De acuerdo con cifras del DHS citadas en el proceso judicial, el gobierno había emitido más de 103.000 multas por un valor aproximado de 84.000 millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
La demanda fue presentada por inmigrantes que cuestionaron las sanciones recibidas pese a mantener contacto con las autoridades y utilizar mecanismos legales para buscar algún tipo de alivio migratorio.
El fallo, sin embargo, no significa que desaparezcan todas las multas migratorias. La decisión bloquea el procedimiento acelerado cuestionado ante los tribunales, mientras continúa el litigio. El gobierno todavía puede recurrir a mecanismos anteriores cuando las sanciones estén respaldadas por la legislación vigente.
La administración Trump podría apelar la decisión, por lo que el futuro de estas sanciones dependerá de las siguientes etapas del proceso judicial.
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