La Fiscalía pidió rebajar las condenas a seis menores de edad acusados del supuesto delito de “sedición” tras participar en las protestas del 11 de julio en la Esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre.
Los menores comparecieron esta semana ante el Tribunal Municipal para ser juzgados con peticiones fiscales de hasta más de 20 años. Yudinela Castro Pérez, madre de Rowland Jesús Castillo Castro, recordó que a su hijo le pedían 23 años de cárcel.
Sin embargo, en el tercer día del juicio le informaron que la petición actualizada era de 12 años de prisión. En declaraciones a Martí Noticias, la madre, que sufrió una violenta detención el lunes al presentarse con activistas y familiares de presos del 11J en el recinto, informó que a otro de los jóvenes también le habían rebajado la pena.
Se refería particularmente a Brandon David Becerra Curbelo (17), quien tenía una solicitud inicial de 18 años, y ahora estaba por cumplir cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
“Inicialmente le habían rebajado a ocho años de cárcel, y ayer durante la vista oral el abogado salió en defensa de Brandon y pudo decir muchas cosas, logrando que le bajaran a los cinco años de prisión domiciliara con trabajo”, expuso Castro.
Por otro lado, la Fiscalía redujo a 10 años de prisión las peticiones contra Kendry Miranda Cárdenas y Lázaro Noel Urgelles Fajardo, quienes inicialmente enfrentaban solicitudes de 20 y 13 años, respectivamente.
Asimismo, fueron sentenciados a ocho años de prisión Giuseppe Belaunzarán Guada, y Nayn Luis Marcos Molinet, con petición de 13 años el primero y, de 17, el segundo. Los abogados de la defensa, según Castro, solicitarán la eliminación del delito de sedición cuando esté lista la sentencia.
“Hoy hablan los abogados de los menores en la vista oral para ver si cuando se entregue la sentencia firme se le quita el delito de sedición, y el juicio sigue porque ahora serán juzgados los mayores de edad”, dijo.
En total, 33 personas están siendo sometidas a juicio esta semana en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre. La mayoría son residentes del barrio La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo. “Cuando bajen la sentencia, en lo que uno apela y toda esa serie de cosas, yo pienso que sea mucho menos tiempo de cárcel”, dijo la madre.
Castro Pérez, quien padece de cáncer, aseguró la víspera que se mantendría luchando por la liberación de su hijo al precio que fuese. Un agente de la Seguridad del Estado la amenazó con tomar represalias si continuaba inconforme con lo que estaba sucediendo.
“Me dijo que, si yo seguía reclamando y protestando, eso era lo que iba a pasar, así que le respondí que a cualquier lugar que lo mandaran fuera Pinar del Río, Santiago de Cuba o la Isla de la Juventud, allí iba a ir yo también. Si me tengo que ir a vivir a Guantánamo, me voy. Nunca voy a abandonar a mi hijo”, sostuvo.
Como otros familiares de presos del 11J, igualmente denunció incoherencias en las declaraciones contra los acusados. “Los testimonios de los policías fueron muy incoherentes, incluso uno de los instructores de investigación penal que habló fue regañado por la secretaria de la sala por la actitud déspota que tenía”, aseveró.
“Mi hijo no puede estar un día más en esa prisión pasando todas las necesidades que se pasan en una cárcel en Cuba”, dijo.
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