Un nuevo episodio de represión policial ha encendido las alarmas dentro de la disidencia cubana. El opositor y activista Antonio Javier Díaz denunció en redes sociales la violenta detención de un joven en un barrio marginal de la capital, a manos de agentes de la Policía Nacional.
Según su testimonio, la intervención se produjo sin orden judicial y con un despliegue de fuerza desproporcionado. Los oficiales irrumpieron en la comunidad, redujeron al joven con empujones y golpes, y lo arrastraron hasta una patrulla, todo bajo la mirada impotente de familia y vecinos que temían intervenir por miedo a represalias.
“Ellos no se imaginan lo que les espera cuando esa mierda se caiga”, escribió Díaz, refiriéndose al régimen cubano y advirtiendo que los abusos cometidos no quedarán impunes cuando haya un cambio político en el país.
Este tipo de arrestos violentos se ha vuelto cada vez más frecuente en zonas vulnerables, donde la precariedad y el abandono estatal contrastan con la constante presencia de la policía y la Seguridad del Estado.
Organizaciones de derechos humanos señalan que estas acciones buscan infundir miedo y controlar cualquier expresión de inconformidad social.
De acuerdo con datos de Martí Noticias y el Miami Herald, la represión en Cuba ha aumentado notablemente en 2025.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 574 acciones represivas durante el primer trimestre del año, incluyendo detenciones arbitrarias, abusos contra presos políticos y violaciones a la libertad religiosa.
En julio se marcó un nuevo récord con 357 acciones represivas en apenas 30 días, entre ellas 68 detenciones arbitrarias y 289 actos de hostigamiento, que incluyeron amenazas, vigilancia de viviendas, citaciones policiales y agresiones.
Ese mismo mes se registraron 845 protestas en todo el país, 209 de ellas con enfrentamientos directos con la policía política, especialmente en fechas simbólicas como el 4 y el 11 de julio.
Por su parte, un editorial del Miami Herald subrayó que el gobierno cubano mantiene tácticas de Estado policial como forma de garantizar su supervivencia.
Estas prácticas incluyen intimidación, arrestos, prisión y actos de repudio, y, según el diario, continuarían incluso si se lograra un mayor reconocimiento diplomático del régimen.
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