El Partido Comunista de Cuba (PCC) rechazó este lunes una orden de arresto emitida contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se le acusa de crímenes de guerra relacionados con la invasión a Ucrania.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes la orden de arresto. El jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del organismo político cubano, Emilio Lozada, lo calificó en su cuenta de Twitter como una decisión de “doble rasero” y con motivaciones de índole política, “lo cual constituye una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional”.
La CPI también emitió una orden de arresto contra la comisionada del jefe de Estado ruso para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, alegando que ambas figuras podrían estar implicados en “deportación ilegal” de niños ucranianos.
Desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, comentó que las decisiones de la CPI no tienen ningún significado para Rusia y sus posibles órdenes de detención son legalmente nulas.
En el comunicado, la CPI subraya que Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
A Lvova-Belova se le acusa de estar en el centro del presunto plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. “Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022”, explica el comunicado.
“Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, añade la CPI.
Sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares II evaluó “que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”.
“La Sala consideró que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. No obstante, consciente de que la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto, el nombre de los sospechosos, los delitos por los cuales se emiten las órdenes de arresto y las modalidades de responsabilidad que establezca la Sala”, concluye el comunicado.
Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el régimen comunista de La Habana ha mostrado su respaldo a Moscú pese a las condenas internacionales.
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