La magnitud de la crisis de desapariciones en México continúa en ascenso y deja al descubierto fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda. Datos oficiales revelan que desde 2006 se han acumulado 130,178 reportes de personas desaparecidas, una cifra que refleja el impacto prolongado de la violencia vinculada al narcotráfico y la inseguridad.
La información fue presentada durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde autoridades del sistema de seguridad detallaron el estado actual del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Según el informe, los casos han sido divididos en tres grandes grupos, lo que evidencia no solo la dimensión del problema, sino también el desorden en los registros y la limitada capacidad de respuesta del Estado.
El primer grupo, que representa el 36% del total (46,742 personas), corresponde a expedientes incompletos. En muchos casos faltan datos básicos como nombre, edad, lugar o fecha de desaparición, lo que prácticamente imposibilita cualquier intento de búsqueda efectiva. Este vacío de información pone en entredicho la seriedad con la que se han documentado miles de casos a lo largo de los años.
El segundo grupo incluye 40,308 registros de personas que, pese a haber sido reportadas como desaparecidas, muestran actividad posterior en sistemas oficiales. Entre los indicios se encuentran trámites como matrimonios, registros fiscales o cambios de domicilio. Esta inconsistencia revela graves fallas en la actualización y verificación de datos.
De acuerdo con las autoridades, en estos casos se han implementado mecanismos para confirmar si las personas siguen con vida. Cuando existen datos de contacto, se realizan llamadas o visitas domiciliarias. En otros casos, se solicita información a instituciones como el padrón electoral o compañías telefónicas. Como resultado de estas acciones, al menos 5,269 personas han sido localizadas y su estatus ha sido corregido.
El tercer grupo, con 43,128 casos (33% del total), corresponde a personas con datos completos que no han sido encontradas ni presentan actividad alguna desde su desaparición. Este es, quizás, el segmento más alarmante, ya que refleja situaciones donde las probabilidades de localización se reducen con el paso del tiempo.
Aún más preocupante es que, dentro de este grupo, solo 3,869 casos cuentan con una investigación formal abierta. Esto evidencia una brecha significativa entre el número de desapariciones y la capacidad real del sistema judicial para investigar.
El panorama confirma que la crisis de desapariciones en México no solo es profunda, sino también persistente. A casi dos décadas del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, las cifras siguen creciendo mientras miles de familias continúan sin respuestas.
Fuente: Diario del Sur
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