El reciente operativo nacional en Matanzas, presentado por el periódico oficialista Escambray como un ejercicio para enfrentar delitos, corrupción e indisciplinas, ilustra la incapacidad del régimen cubano de implementar soluciones efectivas para sacar al país de la crisis económica. Más de dos mil multas impuestas y 13,000 acciones de control realizadas evidencian, una vez más, que el gobierno sigue apostando por la represión y la burocracia, en lugar de fomentar un entorno favorable para el desarrollo económico.
Según el reporte, estas acciones recaudaron más de cinco millones de pesos cubanos (CUP) en multas y lograron cobrar parte de una deuda fiscal de casi siete millones de CUP. Además, se inspeccionaron negocios privados, imponiendo sanciones que superaron los 137,000 CUP por supuestas irregularidades. Todo esto se presenta como un logro en la “lucha contra las ilegalidades,” cuando en realidad refleja una política estatal que asfixia a los emprendedores privados y limita las posibilidades de crecimiento económico en el país.
El gobierno insiste en señalar a los negocios privados como responsables de “irregularidades” como el incumplimiento de precios o el uso inadecuado de cuentas bancarias fiscales. Sin embargo, esta narrativa ignora la raíz del problema: la maraña de regulaciones absurdas e inconsistentes que impone el propio régimen.
Cuba es uno de los países con mayores restricciones al trabajo privado. Desde los precios establecidos de forma centralizada hasta la falta de acceso a materias primas y mercados mayoristas, los emprendedores enfrentan obstáculos estructurales que los empujan hacia la informalidad. Lejos de ser “indisciplinas” o “ilegalidades,” estas prácticas son una respuesta inevitable a un sistema que no permite operar dentro de los márgenes establecidos.
El reporte destaca que más de 148 multas se impusieron por incumplimiento de las políticas de precios, sumando más de 800,000 CUP. Sin embargo, en un contexto de inflación galopante, escasez crónica de productos y ausencia de mecanismos transparentes de formación de precios, exigir el cumplimiento de políticas artificiales resulta contraproducente y desconectado de la realidad económica.
El enfoque del régimen de aumentar controles y sanciones en lugar de flexibilizar las reglas ha tenido un impacto devastador en la economía y en la vida cotidiana de los cubanos. Al perseguir a los emprendedores privados, quienes muchas veces son los únicos que logran suplir las necesidades básicas de la población, el gobierno no solo desincentiva la iniciativa individual, sino que también perpetúa la pobreza y la dependencia del Estado.
Este tipo de operativos, presentados como victorias contra la ilegalidad, son en realidad un recordatorio del fracaso del modelo económico cubano. Mientras el Estado intenta controlar cada aspecto de la economía, los ciudadanos enfrentan un futuro cada vez más precario, con escasez de alimentos, apagones y una moneda cada día más devaluada.
Para que la economía cubana despegue, el régimen debe abandonar su obsesión por el control absoluto y permitir que los emprendedores privados florezcan. Esto implica eliminar las miles de regulaciones que los asfixian, facilitar el acceso a insumos y mercados mayoristas, y crear un marco legal estable y predecible.
En lugar de imponer multas por millones de pesos, el gobierno debería enfocarse en liberar las fuerzas productivas del país. Los emprendedores privados no son el problema; son la solución. Sin embargo, mientras el régimen continúe viendo en ellos a un enemigo en lugar de un aliado, Cuba seguirá sumida en la pobreza y la miseria.
Los resultados de este operativo en Matanzas no son un triunfo, sino una evidencia más de cómo el control estatal es un freno para el desarrollo. La economía cubana necesita menos vigilancia y más libertad. De lo contrario, las multas y sanciones seguirán siendo un parche inútil frente a una crisis que no puede resolverse con medidas punitivas.
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