El Gobierno cubano prepara nuevas obligaciones para los negocios privados en Cienfuegos. Un documento filtrado establece que los emprendedores deberán asumir al menos tres tareas de “responsabilidad social”, reportar sus resultados y permitir controles oficiales, mientras crecen las denuncias sobre la supuesta imposición de estas medidas.
Los negocios privados de Cienfuegos podrían quedar sometidos a un nuevo esquema de obligaciones sociales impulsado por las autoridades cubanas. Según un documento divulgado por el periodista independiente Mag Jorge Castro y reseñado por Periódico Cubano, los llamados actores económicos tendrían que seleccionar al menos tres actividades de apoyo comunitario y asumirlas como parte de su planificación.
Entre las tareas contempladas aparecen el respaldo a comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de ancianos, hogares maternos y centros destinados a niños sin cuidado parental. También se plantea ofrecer precios diferenciados o módulos a personas vulnerables, aportar productos básicos a instituciones sociales y colaborar con servicios de salud, educación, cultura y deporte.
El documento incluye además acciones de saneamiento, apoyo al transporte público y sanitario, asistencia funeraria a familias sin recursos y colaboración mediante convenios bancarios para el pago a pensionados. En situaciones de emergencia, los negocios podrían incluso habilitar sus establecimientos como puntos de acopio o crear fondos con aportes privados.
La medida adquiere mayor relevancia por los mecanismos de supervisión establecidos. Los empresarios tendrían que presentar informes trimestrales sobre las actividades realizadas, los beneficiarios y los recursos empleados. También deberán conservar fotografías, actas, facturas y listados como evidencias.
El incumplimiento injustificado podría provocar amonestaciones, evaluaciones negativas en los registros municipales, pérdida de incentivos y comunicación a órganos de control.
Aunque las autoridades presentan el mecanismo como una forma de responsabilidad social comunitaria, las fuentes citadas por Castro aseguran que existe presión para firmarlo.
El acuerdo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y podría renovarse anualmente. La polémica se centra ahora en si la colaboración social será realmente voluntaria o si terminará convirtiéndose en una nueva carga para el sector privado cubano.
Fuente: Mag Jorge Castro
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