A partir de la entrada en vigor de los Acuerdos del Consejo de Ministros sobre Ordenamiento y Legalización de Viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales se han atendido un total de 14 374 personas, asegura la prensa local.
Solamente en La Habana, indica el portal Radio Rebelde, hay un total de 16 Oficinas de Trámites de la Vivienda, una en cada municipio, excepción en Habana del Este que tiene otra en la localidad de Guanabo, las que se encuentran prestando servicios de atención directa a la población
Erick Ortega García, Jefe de Departamento Jurídico de la Dirección Provincial de la Vivienda en La Habana, dijo que “casi a un mes de la entrada en vigor de los dos acuerdos han recibido 7 mil 209 trámites jurídicos por los funcionarios de la Vivienda y 2 563 asuntos en tramitación por los Departamentos de Control del Fondo de las Direcciones Municipales de la Vivienda, comportándose la cifra de manera similar a los trámites recibidos por las Direcciones Municipales de Planificación Física”.
En tanto aseveró que las Oficinas de Trámites se mantienen prestando servicios en los horarios habituales de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, lográndose la atención del 100 % de las personas que concurren a la Oficina.
Por otro lado, el funcionario aseguró que este Acuerdo No. 8574 “vino a satisfacer una inquietud de la población, generada a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 288/11 del Consejo de Estado modificativo de la Ley General de la Vivienda que eliminó la prohibición sobre las compraventas de viviendas entre particulares, que de acuerdo a su procedimiento se efectúan desde entonces directamente ante notario público, quedando sin solución la situación generada sobre las personas que adquirieron viviendas a través de compraventas, hasta ese momento ilegales, y que de acuerdo a esta prohibición fueron objeto de confiscación, reubicación en algunos casos y declaración de arrendatarios permanentes del Estado”.
Esto significa que se permite a estos arrendatarios adquirir la propiedad de la vivienda, “previo acuerdo del Consejo de la Administración Municipal correspondiente, descontándose de su precio legal, el valor al que ascienden el monto total de las mensualidades abonadas como consecuencia de ese arrendamiento. El propio Acuerdo limita a aquellos arrendatarios que adquirieron esa condición como consecuencia de la aplicación del Decreto-Ley 232/03 sobre confiscación por hechos relacionados con drogas, corrupción y otros comportamientos ilícitos, el Decreto Ley 149/94 sobre confiscación de bienes obtenidos mediante enriquecimiento ilícito, o como resultado de la acción confiscatoria de los tribunales mediante sentencias penales. Estos arrendatarios van a mantener esta condición y no accede al procedimiento establecido en las nuevas políticas”.
Por otro lado, el portal oficialista detalló que el proceso de legalización de viviendas se regula en el acuerdo 8574 en tres partes esenciales. “La primera comprende las viviendas construidas totalmente por la población terminadas o en ejecución. Estos casos se reciben directamente por los funcionarios de las Direcciones de Planificación Física que se encuentran en las Oficinas de Trámites. En el caso de las viviendas terminadas, emiten Dictamen Técnico con el cual las personas, una vez obtenido, solicitan la legalización ante la Dirección de la Vivienda”.
Sin embargo, cuando se trata de viviendas en ejecución por esfuerzos propios, “las Direcciones de Planificación Física reconocen los derechos sobre lo edificado, “DPS” el derecho perpetuo de superficie, en los casos que resulte, y autorizan la documentación técnica para la terminación de la obra y legalización posterior ante notario. La segunda parte, comprende los usufructos de cuartos, habitaciones y accesorias que ya se convirtieron en viviendas adecuadas, o exista interés del titular en convertirlas en viviendas adecuadas y los ocupantes de locales estatales convertidos en viviendas adecuadas o en ejecución”.