El documento electoral presentado por la formación de Santiago Abascal de cara a los comicios generales del 29 de noviembre plantea medidas basadas en la «prioridad nacional» y la «remigración» que repercutirían directamente en los más de 252.000 cubanos residentes en territorio español.
Para la comunidad cubana asentada en España, el programa de 115 medidas presentado por Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre dibuja un escenario con implicaciones directas en su economía y estabilidad jurídica. Aunque el partido liderado por Santiago Abascal mantiene un discurso frontal contra el gobierno de La Habana —factor que le otorga un 27% de intención de voto entre el electorado de origen cubano según estimaciones del CIS—, sus propuestas migratorias y fiscales endurecen las condiciones para quienes aún no poseen la ciudadanía española.
Una de las iniciativas con mayor alcance económico es la creación de un impuesto sobre las remesas enviadas al extranjero. Actualmente, estas transferencias solo pagan comisiones bancarias, pero Vox propone gravarlas bajo el argumento de que el dinero generado en el país debe revertir en los servicios locales. El texto no detalla porcentajes ni especifica si el tributo afectaría también a ciudadanos ya nacionalizados —grupo que representa cerca del 63% de los cubanos en España—, pero impactaría en una comunidad cuyo envío medio desde Madrid se estima en unos 1.600 dólares anuales hacia la isla.
Para los cubanos que aún se encuentran en situación administrativa irregular, el paquete electoral plantea tres restricciones clave:
Vivienda: Exigir residencia legal para formalizar contratos de arrendamiento, cerrando el acceso al mercado formal del alquiler.
Sanidad: Limitar la cobertura médica únicamente a urgencias graves, suprimiendo el acceso a la atención primaria ordinaria.
Vías de regularización: Eliminar figuras como el arraigo, prohibir regularizaciones extraordinarias e impulsar planes de retorno para extranjeros que dependan de ayudas públicas.
Asimismo, prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital quedarían reservadas exclusivamente para ciudadanos con nacionalidad española, excluyendo a residentes legales extranjeros. A este panorama se suma la batalla judicial impulsada por Vox e Iustitia Europa ante el Tribunal Supremo en torno al censo electoral derivado de la «ley de nietos», cuyo desenlace sigue abierto a pocas semanas de la cita con las urnas.
Todas estas iniciativas constituyen propuestas de campaña y su eventual entrada en vigor dependerá de los resultados electorales del 29 de noviembre, los pactos de gobierno y su encaje constitucional y europeo.
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