El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la detención de Vicente López-Padilla, un ciudadano cubano de 63 años condenado a 60 años de prisión por el asesinato de un menor de edad en Estados Unidos.
El arresto tuvo lugar durante una operación nacional enfocada en identificar y detener a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales graves.
López-Padilla, quien también había sido condenado por homicidio doloso en el condado de Miami-Dade, Florida, enfrentaba una sentencia adicional de 10 años por ese delito. Sin embargo, su crimen más grave ocurrió en el condado de Cook, Illinois, donde fue hallado culpable del asesinato de un niño de 8 años, recibiendo una sentencia de 60 años de prisión.
La operación, ejecutada esta semana por agentes de ICE, forma parte de los esfuerzos del gobierno federal —bajo la actual administración de Donald Trump— por intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados con historial delictivo.
Además de López-Padilla, fueron detenidos otros ciudadanos cubanos con antecedentes penales severos. Entre ellos se encuentra Gilberto Michael Marrero Henríquez de 40 años, residente ilegal desde 2015 y con múltiples condenas por fraude, robo mayor y violaciones de libertad condicional.
También fue arrestado Noslen Hernández Guerra de 39 años, condenado por fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. Este último tenía una orden final de deportación desde 2016 y permanecía en el país de forma ilegal.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estas acciones buscan reforzar la seguridad pública retirando de las calles a individuos considerados peligrosos.
La deportación de estos detenidos enfrenta un obstáculo frecuente: la negativa del régimen cubano a aceptar a sus ciudadanos con antecedentes graves. En respuesta, y tras un fallo de la Corte Suprema, el gobierno de EE.UU. ha empezado a deportar a estos individuos a terceros países como Sudán del Sur, Esuatini o Ruanda.
Estas medidas han generado preocupaciones en organismos de derechos humanos debido a la falta de garantías legales y la opacidad en el proceso de reubicación de los deportados.
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