La administración del presidente Donald Trump ha reforzado los esfuerzos para revisar y, en determinados casos, revocar la ciudadanía estadounidense de personas naturalizadas, como parte de su agenda más amplia para endurecer la política migratoria.
Según funcionarios citados por medios nacionales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha comenzado a redistribuir personal especializado en desnaturalización hacia oficinas en todo el país. El objetivo es aumentar el número de casos remitidos a litigio, con una meta estimada de entre 100 y 200 expedientes mensuales.
Históricamente, los procesos de desnaturalización han sido poco frecuentes y se centran en situaciones donde se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o tergiversación material, como la ocultación de antecedentes penales o violaciones graves de derechos humanos. Durante el primer mandato de Trump se presentaron poco más de un centenar de casos en cuatro años. En comparación, en el actual periodo ya se han iniciado nuevas acciones judiciales, aunque los números siguen siendo reducidos frente al total de ciudadanos naturalizados en el país.
Cada año, alrededor de 800.000 personas adquieren la ciudadanía estadounidense mediante naturalización. Para lograrla, deben ser residentes permanentes legales, demostrar dominio básico del inglés, aprobar un examen de educación cívica y acreditar “buen carácter moral”, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El portavoz del USCIS ha reiterado que la agencia mantiene una política de “tolerancia cero” frente al fraude y que solo se persiguen casos respaldados por evidencia creíble. Las autoridades subrayan que la desnaturalización requiere un proceso judicial completo y no puede ejecutarse de manera unilateral por el Poder Ejecutivo.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también ha indicado a sus abogados que prioricen este tipo de litigios, señalando como posibles ejemplos a individuos que representen riesgos para la seguridad nacional, hayan cometido crímenes de guerra, fraude significativo contra el gobierno o pertenezcan a organizaciones terroristas. Asimismo, existe una cláusula amplia que permite evaluar otros casos considerados de especial relevancia.
En paralelo, la administración ha impulsado otras medidas migratorias, como la revisión de visas, acciones para revocar ciertos estatus legales y el fortalecimiento de operativos de control migratorio en diversas ciudades.
El debate también alcanza la llamada “ciudadanía por derecho de nacimiento”, consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución. Trump ha cuestionado públicamente su alcance, y el tema se encuentra bajo análisis judicial, incluso en instancias como la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Expertos legales señalan que el proceso de desnaturalización es complejo y puede prolongarse durante años. Requiere pruebas claras de fraude deliberado en el momento de la solicitud original. Además, aun cuando un tribunal revoque la ciudadanía, cualquier procedimiento posterior de deportación constituye un proceso independiente.
Exfuncionarios del USCIS y analistas en política migratoria coinciden en que la desnaturalización ha sido tradicionalmente una herramienta excepcional, empleada en casos graves. Organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que un incremento en las investigaciones podría generar incertidumbre entre ciudadanos naturalizados, aunque recalcan que ningún presidente puede retirar la ciudadanía sin intervención judicial.
(Con información de NBC News)
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