El sector privado en Cuba deberá asumir nuevas responsabilidades energéticas tras la aprobación del Decreto 110/2024, según lo publicado en la Gaceta Oficial. La normativa establece que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tendrán un plazo de tres años para implementar sistemas que les permitan autogenerar la mitad de su consumo eléctrico durante el horario pico diurno, priorizando fuentes renovables.
Esta medida aplica no solo a las Mipymes, sino también a actores estatales y no estatales, inversionistas extranjeros y oficinas de representación, entre otros. Las empresas con consumos elevados, superiores a 30 MWh mensuales, deberán cumplir con la exigencia o enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 15.000 pesos cubanos (CUP) y posibles desconexiones temporales de la red eléctrica.
En caso de que las limitaciones estructurales impidan la instalación de sistemas renovables propios, las empresas tendrán que contratar energía en parques solares fotovoltaicos administrados por la Unión Eléctrica, lo que implica asumir costos adicionales.
El decreto también endurece las penalizaciones para quienes no se ajusten a los planes de consumo asignados o no implementen mecanismos de uso eficiente de la energía. Además, introduce un régimen tarifario que penaliza a los altos consumidores con costos más elevados basados en generación con diésel.
Por otro lado, todas las empresas, sin importar su nivel de consumo, deberán adherirse a la norma internacional NC ISO 50001, que exige la implementación de sistemas de gestión energética y la elaboración de planes quinquenales para fomentar la sostenibilidad energética.
Durante crisis energéticas, las empresas deberán modificar sus horarios de operación y reducir el uso de equipos no esenciales. También está prohibido el uso de sistemas de climatización por debajo de los 24 °C en áreas no tecnológicas, como parte de las medidas de ahorro impuestas por el gobierno.
Aunque la intención declarada del decreto es contribuir a la sostenibilidad energética en el país, esta normativa impone una carga adicional al sector privado, ya afectado por la falta de recursos y acceso limitado a financiamiento. La obligación de autogenerar energía, financiar instalaciones estatales y ajustarse a regulaciones estrictas supone un reto significativo para las empresas, especialmente las de menor tamaño.
Estas nuevas disposiciones serán supervisadas por “consejos energéticos” a nivel nacional, provincial y municipal, integrados por representantes de organizaciones políticas y sociales.
La política refleja el intento del gobierno cubano de trasladar parte de la crisis energética hacia el sector privado, que deberá adaptarse rápidamente para evitar sanciones y asegurar su continuidad operativa.
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