La organización Represores Cubanos ha incluido en su base de datos al fiscal Ayrebi Miranda Pérez por su participación directa en la criminalización de manifestantes pacíficos en el municipio de Encrucijada, Villa Clara.
La medida busca visibilizar la responsabilidad de funcionarios judiciales que operan como instrumentos de represión estatal, amparándose en procesos sin garantías.
Miranda Pérez, adscrito al Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, solicitó penas de entre 4 y 9 años de cárcel para seis ciudadanos que participaron en un cacerolazo el 7 de noviembre de 2024.
La protesta, que se desarrolló frente a la sede del gobierno municipal y del Partido Comunista, fue una reacción espontánea a más de 48 horas sin electricidad. Los manifestantes golpearon calderos y corearon frases como “¡Queremos corriente!”
A pesar del carácter pacífico del acto, fueron acusados de “desórdenes públicos”.
"No se presentaron pruebas de violencia ni daños materiales, pero la Fiscalía impulsó el caso como si se tratara de un hecho criminal grave", denunció la plataforma. Entre los condenados figuran Yandry Torres Quintana, Rafael Javier Camacho Herrera, José Gabriel Barrenechea Chávez, Rodel Rodríguez Espinosa, Marcos Daniel Díaz Rodríguez y Yuniesky Lorences Domínguez.
“El caso del periodista José Gabriel Barrenechea Chávez simboliza el costo humano de esta represión. Detenido sin garantías, fue impedido de cuidar y despedirse de su madre, enferma de cáncer, quien falleció en mayo de 2025 tras meses de abandono institucional. Solo después de su muerte le permitieron un breve adiós, bajo estricta vigilancia”, relataron familiares.
Durante esas jornadas de protestas, al menos ocho personas fueron arrestadas en Encrucijada. Entre ellas, Alejandro Morales Pereira, acusado posteriormente de incitación por publicaciones en redes sociales. Actualmente se encuentra en la prisión La Pendiente, donde ha sufrido maltratos documentados por Cubalex, incluyendo un intento de suicidio derivado de la falta de atención médica.
"La inclusión de Ayrebi Miranda Pérez en la lista de represores busca alertar sobre cómo figuras del sistema judicial cubano legitiman el castigo político y silencian el descontento social mediante condenas desproporcionadas", concluye el informe.
Estos casos forman parte de una ola represiva en medio de la crisis energética que vive Cuba, donde las autoridades han respondido con cortes de internet, arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza. La documentación de estos hechos se convierte en una herramienta clave para exigir justicia internacional.
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