Sancti Spíritus enfrenta un nuevo escándalo que desnuda las grietas del control en las empresas estatales cubanas. La Empresa de Suministros Agropecuarios (ESA) del territorio sufrió pérdidas por más de 94 millones de pesos debido a la negligencia y la corrupción de varios de sus directivos, un golpe que refleja cómo la confianza mal gestionada y la ausencia de supervisión pueden socavar el patrimonio público.
El caso comenzó con un problema aparentemente menor pero simbólico: una cámara frigorífica de la UEB Comercializadora y Servicios dejó de funcionar entre 2023 y 2024, provocando la descomposición de toneladas de alimentos, desde salami y sardinas hasta carne de res y cerdo en banda. Los trabajadores advirtieron a los directivos, pero la respuesta fue sistemática: “Bótenlo, pero no hagan expediente”. La consecuencia fue la pérdida de más de 3 millones de pesos solo en productos cárnicos, con roedores atraídos por el hedor que impregnaba la unidad.
Pedro Luis Espinosa Curbelo, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, calificó este actuar como “negligente y contrario a la legalidad”. Lo que debía ser una alerta para proteger los bienes del Estado se convirtió en una oportunidad para el desfalco: la ausencia de registros y controles permitió la apropiación indebida de recursos estatales, evidenciando que el fallo no fue de la máquina, sino de quienes debían custodiarla.
El episodio más grave se desarrolló entre enero y marzo de 2024, cuando los directivos de ESA facilitaron, por exceso de confianza y falta de supervisión, la entrega de mercancías a un trabajador por cuenta propia procedente de Villa Clara sin exigir pagos ni garantías. Entre vasos desechables, luminarias y productos textiles, la entidad estatal perdió 94 millones de pesos. La ingenuidad de los directivos se transformó en complicidad por omisión: la falta de contratos firmes, controles de pago y supervisión convirtió los bienes del Estado en un botín fácil.
La gravedad de estos hechos llevó a la apertura de la Causa No. 64 del 2025, en la que cinco directivos fueron llevados al banquillo por delitos que incluyeron malversación e incumplimiento del deber de preservar bienes estatales. Las sanciones reflejaron la magnitud de las pérdidas: la directora general hasta abril de 2024 fue condenada a 20 años de privación de libertad, mientras que otros directivos recibieron entre 10 y 18 años. Todos deberán resarcir los daños ocasionados de manera conjunta y enfrentar restricciones legales adicionales, desde la prohibición de emitir pasaporte hasta la suspensión del ejercicio de cargos similares.
Más allá de los castigos individuales, el caso deja al descubierto un problema estructural: la fragilidad del control interno en las empresas estatales cubanas y el impacto devastador de la corrupción sobre la economía y la confianza ciudadana. En un país donde cada kilogramo de carne representa un esfuerzo significativo, la pérdida de toneladas de alimentos y la fuga de millones de pesos evidencian la magnitud del problema.
Félix Tomás Pérez González, actual director de ESA, reconoce que las consecuencias trascienden lo económico: “Estos procesos son traumáticos para los trabajadores, que sienten que se cuestiona su integridad. La recuperación de la confianza exige sistemas de control firmes, rendición de cuentas y supervisión diaria”. Gracias a estas medidas, se han elevado salarios y reimplantado controles, pero la lección principal queda clara: sin control interno efectivo, la corrupción prospera y los recursos públicos se diluyen, mientras la sociedad paga el precio de la desidia de quienes debían protegerla.
(Con información de Cubadebate)
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