El Tribunal Provincial Popular de Artemisa dictó condenas de 15 años de prisión a dos ciudadanos cubanos hallados culpables de delitos relacionados con drogas ilícitas, en el marco de la causa 416 de 2025. El proceso se calificó oficialmente como “ejemplarizante”, en línea con la política de la isla de endurecer sanciones para disuadir la comisión de delitos graves asociados al tráfico de estupefacientes.
Según la nota oficial del tribunal, los acusados se trasladaron a La Habana con la intención de adquirir cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelito”. Tras la compra, fueron detenidos por oficiales antidrogas portando cinco envoltorios que contenían 1,74 gramos del compuesto 5-flúor ADB. La cantidad decomisada equivaldría a unas 2.200 dosis, suficientes para que dos o tres personas consuman cada una.
Durante el juicio oral, las pruebas presentadas permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en delitos vinculados a drogas sintéticas. La nota oficial no especifica si la condena se basa en tenencia, tráfico o ambos. Además de la pena principal, se impusieron medidas accesorias, como la privación de ciertos derechos y la prohibición de salida del país. Tanto los procesados como la fiscalía conservan la posibilidad de interponer recurso de casación si no están conformes con el fallo.
El tribunal señaló que durante el proceso se respetaron las garantías procesales contempladas en la Constitución y la Ley de Procedimiento Penal. Asimismo, recordó los efectos nocivos del consumo de estupefacientes sobre la salud física y psicológica, incluyendo alteraciones en el sistema cardiorrespiratorio, memoria, atención y concentración, así como problemas de ansiedad, depresión y psicosis, con especial riesgo para niños, adolescentes y jóvenes.
Las autoridades cubanas reconocen que el tráfico y consumo de drogas han aumentado de manera significativa en los últimos años. En la isla circulan al menos 40 variantes de cannabinoides sintéticos, de bajo costo y alta rentabilidad. A pesar de los operativos policiales y las políticas de “tolerancia cero”, el régimen enfrenta dificultades para frenar el incremento del consumo y la venta de estas sustancias, evidenciando los límites de su estrategia de control sobre este fenómeno social.
Fuente: Nota oficial del Tribunal Supremo Popular en Artemisa
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