La Fiscalía General de Cuba solicitó condenas de hasta 30 años de prisión para un grupo de 30 personas acusadas de participar en un presunto plan destinado a organizar acciones armadas contra el régimen, según documentos judiciales divulgados recientemente.
El principal acusado es Ardenys García Álvarez, un cubano residente en Estados Unidos que, de acuerdo con la acusación, ingresó ilegalmente a la isla a finales de octubre de 2023 a bordo de una moto acuática por la costa de Matanzas. Las autoridades sostienen que transportó armas de fuego, municiones, armas blancas y equipos de comunicación con el propósito de crear células armadas en varias provincias del país.
Según la Fiscalía, la supuesta operación habría sido organizada y financiada desde el exterior por la agrupación denominada "La Nueva Nación Cubana en Armas", con el apoyo de otra organización identificada como "Auto Defensa del Pueblo". El expediente asegura que el objetivo era ejecutar acciones violentas contra instalaciones estatales, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), además de provocar una desestabilización política.
Entre los cargos que enfrentan los acusados figuran terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, tenencia ilegal de armas, tráfico ilegal de divisas y salida ilegal del territorio nacional. Las solicitudes de condena oscilan entre 10 y 30 años de prisión, dependiendo del grado de participación que la Fiscalía atribuye a cada procesado.
No obstante, el documento judicial no precisa si las acciones descritas llegaron a ejecutarse o si el supuesto plan fue desarticulado antes de materializarse.
Como informó Martí Noticias, Marta Álvarez, madre de Ardenys García Álvarez, rechazó las acusaciones contra su hijo y afirmó que se trata de "un patriota" y no de un criminal. También señaló que permanece encarcelado desde su ingreso a Cuba en octubre de 2023.
La acusación sostiene además que durante la investigación fueron ocupadas cinco pistolas, municiones, equipos de radiocomunicación y otros materiales que, según las autoridades, formarían parte de la logística del presunto plan. Asimismo, la Fiscalía ordenó el decomiso de todos los bienes incautados durante la operación.
Hasta el momento no se ha anunciado la fecha en que comenzará el juicio contra los 30 acusados.
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