La administración del presidente Donald Trump avanza en un nuevo proyecto para fortalecer su política migratoria con la creación de una flota de aviones administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo es reducir la dependencia de aeronaves alquiladas y disponer de una capacidad permanente para realizar deportaciones, responder a emergencias y transportar personal gubernamental. La iniciativa forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para incrementar el ritmo de las expulsiones de inmigrantes y ampliar la infraestructura de control fronterizo.
El gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su estrategia para reforzar la aplicación de las leyes migratorias al iniciar el proceso para poner en funcionamiento una flota aérea propia destinada, entre otras funciones, a realizar vuelos de deportación de inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una convocatoria dirigida a empresas especializadas en aviación para conocer propuestas sobre la operación y el mantenimiento de las aeronaves que integrarían este nuevo sistema. El proyecto contempla la utilización de aviones Boeing 737-700 o modelos equivalentes, además de aeronaves ejecutivas Gulfstream G650ER o similares.
Según la información difundida por el DHS, la futura flota estará preparada para operar las 24 horas del día y responder con rapidez tanto a misiones nacionales como internacionales. Aunque una de sus principales funciones será la deportación y repatriación voluntaria de inmigrantes, también podrá participar en evacuaciones médicas, transporte de equipos de emergencia, operaciones de respuesta ante desastres y traslado de altos funcionarios del gobierno federal.
Actualmente, la mayoría de los vuelos de deportación realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se efectúan mediante contratos con compañías privadas. Sin embargo, las autoridades consideran que disponer de aeronaves propias permitirá reducir costos operativos a largo plazo, aumentar la disponibilidad de vuelos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran movilización inmediata.
La iniciativa forma parte del amplio plan impulsado por la administración Trump para fortalecer el sistema migratorio. Durante los últimos meses, la Casa Blanca ha incrementado los recursos destinados al control fronterizo, la ampliación de centros de detención y el aumento de las operaciones de deportación.
No obstante, el proyecto también ha generado cuestionamientos entre algunos legisladores y organizaciones de supervisión gubernamental, que han pedido mayores explicaciones sobre el costo de la adquisición y el uso de determinadas aeronaves ejecutivas incluidas en la propuesta inicial.
De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Seguridad Nacional ya figura como propietario de varias aeronaves que anteriormente pertenecían a operadores comerciales, lo que evidencia que el proceso de conformación de la flota ya está en marcha.
Aunque la administración mantiene como meta incrementar significativamente el número de deportaciones, las cifras oficiales muestran que el ritmo todavía se encuentra por debajo del objetivo fijado por la Casa Blanca. Con esta nueva infraestructura aérea, el gobierno espera contar con una herramienta permanente que le permita ejecutar con mayor rapidez sus políticas migratorias y responder con mayor eficiencia a futuras operaciones tanto dentro como fuera del territorio estadounidense.
Fuente: El Financiero, Bloomberg
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