El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, trabaja en un plan para desestimar de manera generalizada solicitudes de asilo que permanecen pendientes, una medida que podría afectar a cientos de miles de migrantes. Según fuentes vinculadas al proceso, la iniciativa contempla cerrar casos de personas que ingresaron al país de forma irregular y posteriormente solicitaron protección, lo que abriría la puerta a procedimientos de deportación de manera inmediata.
Durante los últimos años, una parte considerable de quienes pidieron asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) declaró haber entrado ilegalmente al país. Datos federales indican que cerca del 25 % de los solicitantes reportó un ingreso no autorizado en 2023, cifra equivalente a al menos 250.000 personas. En la actualidad, existen aproximadamente 1,45 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes de resolución.
El USCIS, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha recibido nuevas facultades para ejecutar medidas tradicionales de control migratorio, incluyendo procedimientos acelerados de expulsión. Esto se establece en un memorando atribuido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el cual también señala que la agencia podrá imponer sanciones civiles y penales relacionadas con infracciones migratorias. La ampliación de estas competencias representa un cambio significativo respecto a la estructura operativa de décadas anteriores.
Habitualmente, el USCIS se encarga de evaluar solicitudes y trasladar casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando determina que una persona no califica para un beneficio migratorio. Sin embargo, con esta instrucción, el organismo podrá tomar decisiones más amplias en materia de cumplimiento de la ley. En una declaración reciente, el vocero del USCIS, Matthew Tragesser, indicó que por el momento la agencia no tiene anuncios formales, pero destacó que la prioridad sigue siendo la revisión de antecedentes y la preservación de la integridad del sistema migratorio.
La administración Trump ya había ampliado el alcance de la deportación acelerada a personas indocumentadas en cualquier punto del país que no puedan demostrar dos años de residencia continua. Paralelamente, se instruyó a jueces de inmigración a descartar casos considerados insuficientes sin realizar audiencias formales.
Algunos solicitantes han comenzado a recibir notificaciones de desestimación sin una resolución final, según documentos compartidos por organizaciones que acompañan a migrantes. No existen cifras oficiales sobre cuántos expedientes han sido cerrados hasta ahora. El cierre de estas solicitudes expone a los migrantes a procesos inmediatos de expulsión conforme a la normativa vigente.
Fuente: CNN en español
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