La Administración Biden ha extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses adicionales para inmigrantes de El Salvador y Venezuela, beneficiando a cientos de miles de personas que ya residen en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la extensión para los salvadoreños será válida desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026, protegiendo a unas 234,000 personas que podrán renovar su estatus y documentos de autorización de empleo. Según el DHS, las condiciones ambientales en El Salvador, como desastres naturales recientes, hacen inseguro el retorno de los ciudadanos a su país.
Por su parte, los venezolanos con TPS podrán mantener su estatus desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026. Esta medida beneficiará a cerca de 600,000 personas afectadas por la crisis humanitaria, política y económica en Venezuela, atribuida al régimen de Nicolás Maduro.
El DHS aclaró que solo quienes ya cuentan con TPS o llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 son elegibles para estas extensiones. “Aquellos que ingresaron después de esa fecha o no lo hicieron por vías legales estarán sujetos a medidas de cumplimiento”, subrayó la agencia.
Esta ampliación refleja el compromiso de la Administración Biden de proteger a las personas que enfrentan situaciones extremas en sus países de origen. Sin embargo, no se trata de una expansión del programa a nuevos grupos, lo que deja fuera a quienes han llegado recientemente en busca de refugio.
El TPS, creado en 1990, permite a personas de países afectados por conflictos o desastres naturales residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. A pesar de su importancia, no proporciona un camino hacia la ciudadanía, lo que obliga a los beneficiarios a depender de renovaciones continuas para mantener su estatus.
Para los inmigrantes que cuentan con TPS, la extensión representa un alivio significativo. Les permite continuar trabajando legalmente y apoyando a sus familias tanto en Estados Unidos como en sus países de origen, donde las remesas son una fuente vital de ingresos.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a ampliar la protección a otros países con crisis similares, como Guatemala y Ecuador. La medida actual, aunque bienvenida, subraya la necesidad de una reforma migratoria más integral que aborde las limitaciones del TPS y brinde soluciones a largo plazo para las comunidades afectadas.
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