En las primeras horas tras el inicio de las redadas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump, más de 460 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en distintas ciudades de Estados Unidos. La operación comenzó el 21 de enero, un día después de la toma de posesión del presidente, y según las autoridades, tenía como objetivo principal capturar a extranjeros con antecedentes criminales y miembros de pandillas.
Fox News, conocida por su afinidad con Trump y sus políticas, acompañó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades como Boston, reportando que "ICE ha llevado a cabo más de 460 arrestos de inmigrantes ilegales, incluyendo personas con antecedentes de agresión sexual, violencia doméstica y delitos relacionados con drogas y armas".
Los operativos se extendieron por estados como Illinois, Utah, California, Minnesota, Nueva York, Florida y Maryland, deteniendo a nacionales de diversos países, entre ellos Afganistán, Angola, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Senegal y Venezuela.
En Boston, el reportero Bill Melugin presenció varios arrestos, incluyendo el de individuos con antecedentes criminales graves. Entre ellos, destacaron miembros de la pandilla MS-13 y sospechosos de asesinato, violación y tráfico de armas. Uno de los detenidos, un haitiano con 18 condenas previas, desafió a las cámaras afirmando que no regresaría a Haití, y lanzó insultos hacia Trump y Biden.
Durante los operativos, también se registraron arrestos "colaterales". Uno de ellos ocurrió cuando ICE detuvo a un inmigrante indocumentado que estaba acompañado por un miembro de la MS-13 liberado recientemente por una jurisdicción santuario, pese a una orden de detención no cumplida. Según Tom Homan, exdirector interino de ICE, las ciudades santuario son más propensas a este tipo de situaciones.
Estas redadas forman parte del compromiso de la administración Trump de "deportar a migrantes con antecedentes criminales y mejorar la seguridad pública". Además, se han implementado medidas controvertidas como la eliminación de las directrices de la administración Biden, que protegían áreas "sensibles" como escuelas y hospitales de operativos migratorios.
Benjamine Huffman, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que estas acciones buscan dar mayor autoridad a los agentes de inmigración para detener a migrantes con antecedentes penales. También anunció la eliminación del programa de parole humanitario impulsado durante la administración Biden, que permitía la entrada temporal de migrantes de países como Venezuela y Cuba.
Si bien la administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad pública, organizaciones defensoras de derechos humanos critican que la política pone en riesgo a miles de migrantes que huyen de condiciones extremas en sus países de origen. La implementación de estas deportaciones masivas ha desatado un intenso debate, pues muchos consideran que ignora las circunstancias de quienes buscan refugio en Estados Unidos.
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