La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández manifestó públicamente su apoyo al arquitecto y docente universitario Abel Ernesto Tablada de la Torre, luego de que trascendiera que fue separado de sus funciones en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría tras publicar reflexiones críticas sobre la realidad del país en internet.
A través de un mensaje difundido en Facebook, López Hernández expresó su solidaridad con el académico y aseguró que el episodio refleja las dificultades que enfrentan los intelectuales en Cuba cuando deciden expresar opiniones que se apartan del discurso oficial.
En su publicación, la historiadora destacó la trayectoria profesional y humana de Tablada, a quien describió como un destacado arquitecto, profesor y articulista. “Lo considero no solo un gran profesional, sino también una persona con profundas cualidades cívicas”, afirmó.
Según López, el caso ilustra cómo dentro del sistema político cubano se espera que los intelectuales mantengan silencio frente a problemas estructurales. A su juicio, Tablada optó por romper con esa dinámica al abordar temas sensibles como la represión al disenso, la situación de los presos políticos, el deterioro urbano o la corrupción.
La activista señaló que precisamente ese tipo de posicionamientos suele generar represalias institucionales. De acuerdo con su interpretación, la rectoría de la CUJAE habría decidido no renovar el contrato del profesor e impedir incluso que continuara impartiendo clases de forma voluntaria, pese a que estudiantes han expresado su respaldo y han pedido su regreso a las aulas.
En su texto también citó al jurista René Fidel González García, quien igualmente ha denunciado su exclusión del ámbito universitario. López argumentó que situaciones como estas no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se activa cuando determinadas voces cuestionan públicamente el orden establecido.
La historiadora concluyó su pronunciamiento reiterando su apoyo al profesor y haciendo un llamado a continuar defendiendo espacios de participación cívica y debate abierto. “Por un país donde no tengamos que guardar silencio para conservar nuestros empleos o nuestras carreras”, escribió.
El caso del profesor Tablada comenzó a circular ampliamente en redes sociales luego de que el activista Magdiel Jorge Castro divulgara la captura de un mensaje de WhatsApp en el que el docente se despedía de sus estudiantes. En ese texto, el arquitecto explicaba que algunas de sus publicaciones en Facebook “no habían sido del agrado de la dirección de la universidad”.
Entre los escritos señalados figura un análisis sobre los fondos de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba y un artículo titulado La Universidad y la resiliencia, publicado el 2 de febrero. En ese texto, el académico describía las dificultades que enfrentan las universidades cubanas, incluyendo apagones, problemas de transporte, escasez de recursos y salarios docentes que situó entre 10 y 15 dólares mensuales.
También alertó sobre el deterioro en la preparación de los estudiantes y el impacto que estas condiciones tienen en la equidad del acceso a la educación superior. A su juicio, normalizar esas carencias durante largos periodos puede convertirse en una forma peligrosa de resignación colectiva.
Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una expulsión formal ni sobre el alcance exacto de las medidas adoptadas por la universidad. En declaraciones al periodista Mario Pentón, el profesor afirmó que el asunto se está manejando por vías internas y evitó ofrecer detalles.
La polémica también ha llamado la atención por un elemento familiar: el arquitecto es hermano de Johana Tablada, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y segunda jefa de la embajada de Cuba en México, quien durante años ha negado la existencia de represión política en la isla.
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del pensamiento crítico dentro de las universidades cubanas, instituciones que dependen directamente del Estado y donde las opiniones públicas que cuestionan la gestión política o económica pueden derivar en consecuencias laborales y profesionales.
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