Un conductor vinculado a la empresa estatal Taxis-Cuba fue arrestado tras viralizarse un video en el que agrede físicamente a una anciana discapacitada en el asiento trasero de un vehículo descapotable en La Habana.
La víctima fue identificada como la tía de la esposa del agresor, quien también se encontraba presente durante la golpiza y no intervino. El video, ampliamente difundido en redes sociales, generó una ola de indignación y presiones públicas para que se actuara de inmediato.
Según declaraciones del ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, el incidente ocurrió el 31 de marzo. El chofer, un profesional vinculado a la Agencia 9 de Taxis-Cuba, incurrió en dos infracciones graves: violación de normas de conducta social y alteración del orden público.
Tras una audiencia disciplinaria extraordinaria, se le canceló el contrato laboral. Sin embargo, el castigo administrativo por sí solo ha sido insuficiente a juicio de numerosos ciudadanos, quienes demandan sanciones penales ejemplares, no simples medidas laborales.
La detención del agresor fue confirmada por el perfil oficialista “Héroes de Azul”, vinculado a la policía cubana, que informó su traslado a estaciones de la PNR, sin dar detalles sobre su identidad ni los cargos penales que enfrenta.
Aunque el pronunciamiento afirma que "responderá penalmente", no se especifica cómo ni cuándo, lo que deja lugar a la duda en una población escéptica respecto a la efectividad real del sistema judicial.
"El maltrato y abuso físico no tienen justificación en ningún caso", dice la publicación. Pero los internautas no se conforman con declaraciones formales. Muchos han exigido que también se procese a la esposa del agresor, quien presenció la escena y se mantuvo en silencio ante el abuso.
"No basta con arrestar; hace falta juzgar y castigar con transparencia", opinó un usuario en redes, reflejando la preocupación generalizada por la impunidad. La indignación no ha disminuido, y el caso continúa generando debate no solo por la violencia ejercida, sino por la pasividad de los testigos y la lentitud de la respuesta oficial, que solo llegó después de la presión mediática.
La ciudadanía espera que este caso no termine en la impunidad habitual y sirva para marcar un precedente real contra la violencia, venga de quien venga.
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