Una demanda colectiva presentada en una corte federal busca impedir que alrededor de 15,000 inmigrantes pierdan sus protecciones migratorias y el acceso a una futura Green Card tras la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Programa de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés).
La acción legal fue presentada ante la Corte de Distrito de Massachusetts y amplía la demanda colectiva Svitlana Doe v. Noem, iniciada en febrero de 2025. El caso representa a beneficiarios del permiso humanitario, a sus patrocinadores y a varias organizaciones civiles, entre ellas el Justice Action Center, Human Rights First y la Alianza del Puente Haitiano.
Según los demandantes, la cancelación del FRP revocaría de manera abrupta el estatus legal de personas que ya se encontraban en la etapa final del proceso para obtener la residencia permanente basada en la reunificación familiar. De prosperar la medida gubernamental, los afectados perderían no solo su autorización de permanencia, sino también sus permisos de trabajo, a partir del 14 de enero de 2026.
Los abogados solicitaron al tribunal que bloquee la notificación publicada en el Registro Federal que formaliza la eliminación del programa y que permita incorporar este nuevo reclamo a la demanda existente, con el objetivo de mantener vigentes las protecciones migratorias mientras se resuelve el caso.
Entre los demandantes figuran varios inmigrantes identificados con seudónimos —como Alejandro Doe, Ana Doe, Miguel Doe y Lucía Doe— que aseguran haber sufrido graves perjuicios personales y familiares ante la incertidumbre generada por el fin del programa. Muchos de ellos, explican las organizaciones, dejaron sus empleos, vendieron propiedades y reorganizaron sus vidas bajo la promesa de una reunificación legal en Estados Unidos.
“El impacto humano de esta decisión es profundo”, afirmó Esther Sung, directora legal del Justice Action Center. Según explicó, se trata de familiares directos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que cumplieron todos los requisitos exigidos por el propio gobierno, con la expectativa legítima de poder trabajar y vivir legalmente en el país mientras esperaban la disponibilidad de sus visas.
El Programa de Reunificación Familiar estaba dirigido a un grupo específico de inmigrantes de países de América que ya contaban con peticiones familiares aprobadas, pero enfrentaban largas esperas para recibir una visa. A través del FRP, el gobierno invitaba a los patrocinadores a completar trámites adicionales y a pagar nuevas tarifas, permitiendo así el ingreso anticipado de sus familiares mediante un permiso temporal.
Muchos de los beneficiarios llevaban años, incluso más de una década, aguardando por la residencia permanente. Para las organizaciones demandantes, la cancelación del programa no responde a un interés público legítimo y solo incrementa el riesgo de separación familiar.
La demanda advierte que miles de familias viven ahora con el temor de ser divididas nuevamente. El caso se enmarca en una serie de decisiones adoptadas desde enero de 2025, cuando la administración Trump puso fin a diversos programas de “parole” o visas humanitarias, incluidos los dirigidos a personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Fuente: La Opinión
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