El dictador cubano Miguel Díaz-Canel volvió a defender el papel de la empresa estatal socialista como supuesto motor de la economía nacional y aseguró que estas entidades tienen una “oportunidad histórica” para demostrar que pueden ser ágiles, eficientes y competitivas. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con décadas de resultados deficientes de un modelo empresarial marcado por el control centralizado, la burocracia y la falta de incentivos productivos.
En declaraciones difundidas este lunes por el diario oficialista Granma, Díaz-Canel insistió en la necesidad de transformar la gestión de las empresas estatales y otorgarles mayor autonomía para mejorar su funcionamiento. El discurso vuelve a colocar en el centro de la estrategia económica a las mismas estructuras que han demostrado dificultades para generar riqueza, aumentar la producción y satisfacer las necesidades de la población.
El problema es que la supuesta transformación de estas entidades se anuncia desde hace años, mientras la economía cubana continúa acumulando retrocesos. La escasez de alimentos, los bajos salarios, la inflación, los apagones y la falta de productos básicos son parte de una realidad que refleja las limitaciones del modelo económico impuesto por el Partido Comunista.
Las empresas estatales operan dentro de un sistema donde las decisiones económicas han estado históricamente condicionadas por la planificación central, las regulaciones gubernamentales y las prioridades políticas. Esta estructura ha limitado la capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado, la innovación y la competencia.
La falta de autonomía real, los controles administrativos, la escasez de materias primas y las dificultades para acceder a financiamiento también han afectado la productividad de numerosas entidades.
Mientras tanto, el sector privado, pese a las restricciones y obstáculos regulatorios, ha demostrado capacidad para cubrir espacios que las empresas estatales no consiguen atender, especialmente en la comercialización de alimentos, servicios y otros bienes de consumo.
En septiembre de 2026, el Gobierno aprobó el Decreto-Ley 120, destinado a reorganizar el sistema empresarial estatal. La normativa contempla nuevas categorías de empresas, mayores facultades administrativas y la posibilidad de abrir determinadas entidades competitivas al capital privado nacional y extranjero. Sin embargo, mantiene a la empresa estatal socialista como eje principal de la economía.
La insistencia de Díaz-Canel en recuperar la eficiencia de las empresas estatales plantea una contradicción: pretende obtener resultados diferentes sin abandonar las bases de un modelo que concentra el poder económico en manos del Estado.
Mientras los dirigentes hablan de oportunidades históricas, millones de cubanos siguen enfrentando dificultades para conseguir alimentos, medicamentos y servicios básicos. La recuperación económica difícilmente llegará mediante nuevos discursos y reorganizaciones administrativas si no se producen cambios estructurales que permitan verdadera libertad económica, competencia, inversión y seguridad para quienes producen.
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