Cientos de migrantes, entre ellos cubanos, se preparan para salir esta semana en una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, en protesta por el abandono institucional, la corrupción en los trámites migratorios y la falta de respuestas a sus solicitudes de visa humanitaria. La mayoría lleva meses, incluso años, atrapados en esta ciudad fronteriza sin poder avanzar ni regularizar su situación legal en México.
Los migrantes pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares para garantizar su integridad durante la marcha, ya que temen represalias y ataques, no solo de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino también de las propias autoridades migratorias, a quienes acusan de obstaculizar sus procesos a cambio de sobornos.
Uno de los casos más representativos es el del cubano Douglas Mourlot, de 42 años, quien lleva seis meses intentando obtener respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Sin embargo, relata que un abogado le ofreció resolver su trámite en un día por 12 mil pesos, lo que considera un acto evidente de corrupción. Mourlot, que ya ha recorrido parte del camino en una caravana anterior junto a su familia, asegura que por ahora no busca llegar a EE.UU., sino asentarse en Mérida, donde espera poder ejercer como licenciado en turismo. En Tapachula, solo ha conseguido empleo como lavaplatos con jornadas de 13 horas por apenas 200 pesos diarios.
Otra denuncia relevante proviene de un migrante cubano anónimo que, tras diez meses en la ciudad, ha tenido que firmar 14 veces en la COMAR sin que le otorguen una entrevista. Su última cita fue aplazada de julio a noviembre por “falta de personal”, lo que retrasa aún más sus posibilidades de estabilizarse.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, señaló que las condiciones en Tapachula son inhumanas: rentas impagables, falta de empleo, y una situación de abandono que empuja incluso a muchos migrantes a la prostitución.
Villagrán denunció públicamente a la COMAR como un ente corrupto, donde se venden citas y entrevistas, y exigió que se respeten los derechos contemplados en la Ley de Migración y la Ley de Asilo Político. Asegura que la caravana saldrá con al menos 1,500 personas, mayoritariamente mujeres, de más de diez nacionalidades, pero con un alto porcentaje de cubanos.
El clamor común entre los migrantes es la necesidad de una visa humanitaria que les permita moverse libremente dentro de México, trabajar legalmente y vivir con dignidad. La inacción de las autoridades ha convertido a Tapachula en una trampa migratoria, donde muchos sobreviven en condiciones precarias, sin esperanza ni justicia.
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